La democracia exige transparencia. Por eso una de las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional es permitir que tanto la ciudadanía como la comunidad internacional, participen como observadores del ciclo electoral.
Su labor ayuda a verificar que los principios fundamentales del proceso electoral se cumplan durante los comicios. En el caso de México, la transición democrática incluyó una intensa lucha por abrir las puertas a la observación electoral: primero en el ámbito nacional y, más tarde, a nivel internacional. Esta figura surgió a partir de una doble presión: por un lado, la exigencia de la oposición como herramienta para inhibir el fraude; por el otro, la necesidad del régimen de obtener legitimidad internacional. Durante tres décadas, México ha recibido delegaciones internacionales que no sólo han contribuido a mejorar el sistema electoral a partir de sus recomendaciones, sino que también han fortalecido el reconocimiento externo de nuestra democracia.
Por eso sorprende la reacción del oficialismo ante el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, presentado a principios de junio sobre la elección judicial. Las acusaciones en el sentido de que la misión actuó fuera de su mandato o intervino en asuntos internos, no se sostienen frente a los hechos.
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El informe abordó los temas clave del proceso electoral como, por ejemplo: el consenso sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial, los retos por el corto plazo para organizar los comicios, el buen desarrollo de la jornada, la coordinación de observadores por partidos políticos, la falta de criterios uniformes en los comités de selección, el uso de acordeones y la baja participación, una de las más reducidas de la región. A partir de estos hallazgos, la misión formuló recomendaciones pertinentes que ofrecen lecciones útiles. Lejos de vulnerar la soberanía, el informe plantea asuntos concretos que deberán discutirse para futuros procesos.
Sobre el carácter “judicial” de la elección, la misión aclaró que el derecho internacional no impone un modelo único de selección, pero sí establece estándares, como los de la CIDH, la Corte Interamericana y el sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, señala que no se exige experiencia previa para ser juez federal. Las recomendaciones son razonables: establecer requisitos mínimos de experiencia jurídica, elevar los criterios para cargos de mayor jerarquía y definir con claridad las causales de inelegibilidad.
El informe final hace dos señalamientos clave: invita a evaluar si el modelo actual realmente fortalece la justicia y, con base en lo observado, no recomienda su adopción a otros países de la región. Lejos de ser un acto de injerencia, la labor de la OEA busca promover buenas prácticas y advertir sobre posibles riesgos. Por eso sus informes se elevan al Consejo Permanente, donde todos los Estados pueden conocer sus hallazgos y lecciones. Además, no hay base para hablar de intromisión: la misión fue invitada por el Estado mexicano, y el derecho internacional sólo reconoce injerencia cuando hay coerción o presión, elementos claramente ausentes.
México haría bien en estudiar y considerar las recomendaciones del informe final con miras a futuros ejercicios similares. No tiene sentido polemizar sobre observaciones que, además de fundadas, buscan contribuir al fortalecimiento institucional del país y de la región.
