Una doble noticia, inesperada, afectó incendiariamente la pradera mexicana. Vino del norte, pegó en los regios empresarios, en palacio nacional, tuvo resonancias hasta Macuspana, movió el tablero de la estabilidad económica y la seguridad nacional.
El Departamento del Tesoro de EU clasificó a tres organismos financieros como lavadores de narcotráfico, vinculados a la exportación de fentanilo. Y la fiscal general, Pamela Bondy, señaló como adversario de EU, a México, junto a Irán, Rusia y China; no con el peso de una potencia, sino por el daño que le ocasiona la narcodelincuencia y posible terrorismo al país del norte.
Fue tan sorpresiva la noticia que la Presidenta Sheinbaum, alegó y demandó pruebas, lo que se apaciguó horas más tarde, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente las tres organizaciones económicas, para proteger a sus clientes y evitar un descalabro del mercado financiero y de valores, afectando la confianza de inversionistas. Seguirán otras instituciones financieras más.
Nuevo Consejo Presidencial
El señalamiento a México de adversario se sumó a los epítetos de narcopolítica, a la cancelación de visas a personajes y políticos en funciones, a sus familiares y socios, vinculados a los cárteles. Sigue la discusión sobre la ciudadanía estadounidense por nacimiento a los hijos de migrantes.
Todo en medio de la tensión internacional por el conflicto regional, con impacto global, entre Israel-EU en contra de Irán y la imposición en la OTAN, de un gasto-inversión del 5% del PIB, en Defensa.
La política económica y de seguridad de Trump cobró forma material mundial, con aranceles y bombas; se gesta un nuevo orden internacional, con temores, riesgos y amenazas para la seguridad global. Se tambalea la reunión de los BRICS de la próxima semana en Brasil, con la anunciada ausencia de Rusia y China y la duda de la futura presencia de México.
La situación de México, en la relación con EU es tensa, lo ha sido desde que inició la administración Trump, hay acciones que acorralan la acción gubernamental mexicana, por tópicos como los aranceles y el comercio, los migrantes, así como la narcodelincuencia y el fentanilo. Al Gobierno mexicano lo dibujan como poco amigable con la seguridad de EU. Todavía resuena el señalamiento de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, contra la Presidenta mexicana, de promover la violencia, en el marco de las redadas contra los migrantes, particularmente los mexicanos.
La tensión retórica puede tener efectos incalculables, con una presión e intervención mayor y directa, con la posible detención de algunos personajes de la vida política. EU y sus agencias esperan que miembros de la clase política mexicana, considerados narcopoliticos en la supuesta “Lista Rubio”, se entreguen por voluntad propia o por detención y extradición del Gobierno mexicano. Eso no aparece en el horizonte inmediato.
México ha avanzado la legislación en materia de seguridad pública, atiende demandas de EU y actualiza la política de seguridad, fortalece la inteligencia e impulsa operativos contra la delincuencia organizada. Veremos si alcanza para disminuir la narcopolítica que atosiga al país.
