En un comunicado, Grupo Salinas sostiene que enfrenta una campaña sistemática de desprestigio y persecución política y fiscal. Según la empresa, dicha campaña ha sido diseñada desde Palacio Nacional por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y replicada por comunicadores que reciben apoyo del gobierno, con el objetivo de imponer una narrativa falsa que busca legitimar lo que describen como cobros abusivos, dobles e ilegales por parte del SAT y la Procuraduría Fiscal.
En esa línea, se asegura que casos como los de Walmart, FEMSA, América Móvil, IBM de México, Fresnillo, Toyota y otros, ejemplifican cómo empresas han vivido etapas que hoy vive el grupo que encabeza Ricardo Salinas Pliego, sin importar si ya habían cumplido con sus obligaciones fiscales. Grupo Salinas afirma que esta misma estrategia ha sido aplicada en su contra, pero que se ha negado a ceder, lo cual ha desatado una campaña aún más agresiva desde el poder.
El comunicado rechaza de forma tajante que Ricardo Salinas Pliego o cualquiera de las empresas del grupo tengan adeudos fiscales. Sostiene que todas las controversias con el SAT están en proceso judicial y que las cifras millonarias reclamadas han sido “infladas artificialmente” con multas, recargos y actualizaciones basadas en interpretaciones legales arbitrarias, sin sustento jurídico sólido. De acuerdo con Grupo Salinas, el problema no es jurídico sino político, pues considera que está siendo castigado por expresar opiniones críticas al régimen actual. En ese contexto, denuncian una erosión del Estado de derecho y acusan al gobierno de utilizar al Poder Judicial como una herramienta más de persecución.
Cónclave para el regalo de Alito
Asegura que con la reforma judicial se ha sustituido a jueces independientes por personas afines al partido oficialista, lo que considera un intento de eliminar cualquier posibilidad de resolución imparcial en sus litigios. También denuncia que desde las conferencias del gobierno se han hecho acusaciones en su contra y se ha revelado información confidencial de sus asuntos fiscales, en violación a los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
Grupo Salinas enfatiza que ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades fiscales, afirmando que entre 2005 y la fecha han pagado más de 250 mil millones de pesos en impuestos, equivalentes a aproximadamente 13.4 mil millones de dólares. Añade que, a pesar de esa contribución, ha recibido poco o nada a cambio en servicios públicos, infraestructura o seguridad jurídica. Por ello, insiste en que lo que enfrenta no es una disputa legítima sobre el pago de impuestos, sino una represalia por no alinearse políticamente con el gobierno en turno. El mensaje es claro: defenderá su derecho a una justicia imparcial, no cederá ante lo que llama “extorsión fiscal” y seguirá alzando la voz frente a lo que considera un uso faccioso de las instituciones del Estado para castigar a quienes piensan distinto. Pues además denuncia que se ha exhibido información de sus casos de manera ilegal y acusado sin pruebas, ejerciendo presión sistemática a jueces, magistrados y ministros y reprueba la condena pública a sus empresas antes de cualquier fallo, denegándosele su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.
Pfizer Covid. Pfizer ha enfrentado en México diversas investigaciones y señalamientos que afectan su reputación y operaciones. Entre estos destaca la pesquisa por presuntos sobornos a funcionarios públicos, lo que puede constituir una violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de Estados Unidos, así como posibles irregularidades en contratos públicos. Estas investigaciones, aunque se refieren a hechos previos a 2019, reflejan la necesidad de que empresas con presencia global cumplan con estrictos estándares éticos y legales, particularmente en mercados vulnerables como el mexicano. Hoy en 2025 podría enfrentar uno más cuando se venza el plazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, que emitió en 2022 una resolución que ordena la reserva de los contratos relacionados con la compra de vacunas contra la COVID-19, argumentando que su divulgación podría afectar la seguridad nacional. Sin embargo, esta reserva tiene una vigencia limitada y para 2025 es razonable exigir mayor transparencia conforme a los principios constitucionales de publicidad y rendición de cuentas establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Voz en off. El fin de semana la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Benjamín del Arco, organizó su primer jornada de reforestación, donde asociados y colaboradores, entre otros, plantaron más de 150 árboles en la Sierra de Guadalupe, Coacalco. Entre los personajes que hicieron acto de presencia estuvieron Juan Gerardo Valverde, delegado regional de Tultitlán; José Guadalupe Rangel, responsable del Programa de reforestación en Sierra de Guadalupe; María Teresa Muñiz, gerente de Innovación y Desarrollo Sustentable de Poly Rafia; además del apoyo de empresas como ALPLA, DART, QAlliance, NASEDA, First Quality Chemicals y RAFYPAK…
