Pasaron años para que las mujeres en nuestro país pudieran participar realmente en política. Para las mujeres, apenas en 1953 se reformó la Constitución mexicana para que pudiéramos votar. Fue hasta 1955 que una mujer mexicana pudo llegar a las urnas.
En 1993 hubo una reforma al Código Electoral en donde se pidió que las mujeres tuvieran mayor presencia en el Congreso; aun así, la presencia era muy limitada.
En 2002 se fija una cuota para que el 30 por ciento de las candidatas fueran mujeres y, para el 2014, se aprobó en el Congreso la paridad de género, mitad hombres mitad mujeres.
Cónclave para el regalo de Alito
Para el 2020 entró en vigor la ley de Violencia Política de Género, una forma legal para tipificar y sancionar la violencia política ejercida por el hecho de ser mujer.
Se buscaba que no volvieran a ocurrir casos como el de Eufrosina Cruz, a quien en 2008, solamente por el hecho de ser mujer y por los usos y costumbres de Santa María Quiegolani, le prohibieron ser la presidenta municipal. Gracias a que su caso llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue como se crearon normas internas de los pueblos y las comunidades indígenas para no vulnerar los derechos de las mujeres.
En 2009, cuando no se hablaba de violencia política de género, surgió un fenómeno político que atentaba contra los derechos políticos de las mujeres. Ese año nacieron las diputadas “Juanitas”, se trataba de ocho mujeres y dos hombres que cedieron sus curules para que sus suplentes (hombres) se convirtieran en los titulares.
Las legisladoras que se prestaron a este engaño lo hicieron únicamente para cumplir con la llamada “cuota de género”.
También costó mucho para que en México hubiera libertad de expresión.
Se supone que la libertad de expresión en nuestro país está garantizada en la Constitución desde 1917; la realidad es que no fue así. Durante la gestión del PRI, desde 1929 hasta el año 2000, la Secretaría de Gobernación controlaba los contenidos. No fue sino hasta el año 2000, con la llegada de Vicente Fox al poder, que se dejaron de controlar los contenidos.
CASO DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
Muchos no se acuerdan y los más jóvenes no lo vivieron. No se podía decir ni siquiera una palabra altisonante en radio o televisión porque el conductor era sancionado. Mucho menos se podía expresar libremente sobre los actores políticos de México, ni cuestionarlos.
Hoy, utilizando estas leyes de violencia de género, se busca controlar la libertad de expresión.
Las mujeres que son muy poderosas y tienen muchos apoyos desde el poder están utilizando la figura de violencia política de género para disfrazarlo y cometer censura. Y es que, en México, el término de violencia política de género es utilizado como arma política y no para señalar y sancionar verdaderos casos donde se comete este delito, sino quien cuestione su trabajo político.
Legisladoras, gobernadoras o alcaldesas del régimen oficialista que se sienten atacadas han buscado callar a la oposición o medios de comunicación que las increpe, precisamente invocando la llamada “violencia política de género”.
Ejemplos de ello es el popular caso de “Dato Protegido”, en el que una ciudadana fue sancionada por el Tribunal Electoral por criticar a través de su cuenta de X a la diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras.
Otro caso fue la censura al periódico El Universal por la columna del periodista Héctor de Mauleón, en la que señalaba a la magistrada electa Tania Contreras de posibles vínculos con la red de huachicol.
Está la controversial censura al periódico local Tribuna por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya que por el delito de “odio” se le prohíbe al periodista Jorge González Valdez hablar de Sansores.
Más recientemente, el medio Acapulco Trends fue sentenciado a pagar una multa de veintidós mil pesos, ofrecer una disculpa pública durante 15 días consecutivos en sus redes sociales y difundir un extracto de la sentencia durante 30 días, por el delito de violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, luego de que el medio publicara un reportaje por el presunto desvío de 898 millones de pesos. Imagínese, que un político logre que sancionen a un periodista por pedir una explicación de qué se hizo con 898 millones de pesos del erario público. El cuestionamiento no fue por ser mujer, se cuestionó sobre recursos públicos.
Aunque la violencia política de género aplica para mujeres, en este contexto también sobresale la Ley Censura de Puebla, que entró en vigor el pasado 14 de junio y que con reformas a su código penal estatal tipifica los delitos de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberacoso.
Sin embargo, la llamada “violencia política de género” nada tiene que ver con su esencia, para lo que fue creada y no aplica para todos los casos.
De los dos mil 461 municipios y delegaciones que tiene México, solamente en 320 gobiernan mujeres, es decir, menos del 15 por ciento de todos los municipios son gobernados por una mujer. Y algunas de las mujeres que están en el poder, claramente están abusando de él.
Manipular la ley, para coartar la libertad de expresión, es imperdonable.
Años de lucha para que haya libertad de expresión en nuestro país y que las mujeres puedan participar equitativamente en política, pueden desaparecer.
Lo que cuesta años en construir puede desmoronarse en segundos. Y a veces no hay forma de volverlo a lograr.
Con estos abusos que se han dado en la forma de denunciar los derechos a la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, podrían desmoronarse antes de lo que imaginemos.
Nada garantiza que lo recuperado no vuelva a perderse.
