El viernes pasado, ya muy de noche, Caminos y Puentes Federales (Capufe) determinó como ganador casi absoluto de la licitación para conservación y mantenimiento de los servicios de telepeaje y para mejora física de carriles en casetas de cobro a una empresa cuya experiencia, Ofistore, se circunscribe al rubro de papelería, artículos escolares y máquinas de oficina (detectoras de billetes falsos, engrapadoras, destructoras de documentos, etc) con precios estimados notablemente por arriba de lo que la entidad gubernamental paga por cada cruce de vehículos en las carreteras gubernamentales. Al parecer, el actual director del organismo, Rubén Arturo Hernández Bermúdez, ya dijo “hazte que ahí te voy” a su antecesora, la médico homeópata Julita Veites.
No en balde, nos aseguran en la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, y en Banobras, que lleva Jorge Mendoza, están analizando con lupa una decisión que podría derivar en una crisis en el ya de por sí deficiente sistema de cobro electrónico en casetas y así provocar que los viajeros opten por pagar cada vez más en efectivo que con dispositivos TAG.
Actualmente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se estima que menos del 10% de los viajeros en carreteros utiliza dispositivos de telepeaje ya sea en la modalidad de prepago (abonos en aplicaciones móviles o tiendas de conveniencia) o postpago (enlazados con tarjetas de crédito); y que del otro 90% que se paga en efectivo una parte sustancial sea sustraída de las cajas registradoras hasta alcanzar una merma del 20% de la cobranza total.
Es decir que, al asignar a una compañía sin experiencia curricular en dispositivos de lectura remota de objetos en movimiento, de realizar transacciones en cuestión de segundos ni con actividades relacionadas al diseño, planeación y construcción de carreteras y plazas de cobro, en el mismo gobierno se advierte el riesgo de lo que podría ser un modelo para que diversas sumas de efectivo sigan sin registrarse y caer en cualquier tipo de uso particular.
La suma de los contratos de la licitación LA-09-JOU-009JOU001-NA-91-2025 estaría sumando en concurso alrededor de 300 millones de pesos en sus 18 partidas cerca de 2,800 millones de pesos para mantener en funcionamiento una ya añosa red de cobranza de la red Capufe, las de Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y la México-Pueblas.
Lo que llama la atención es que a partir de una minucia aritmética en el cálculo de las ofertas (de “0” pesos y de “1” en los precios unitarios de diversas partidas y lo expuesto en la junta de aclaraciones) se descartaron a 6 de 8 competidores, quedando sólo al final Hitachi Rail y, con predominio en la mayoría de partidas, quedó Ofistore.
Habrá que ver en qué deriva el análisis de la competencia, pues de no haberse realizado con pulcritud se afectaría la inversión pública y, de no ser eficiente su implementación, agregaría tiempos extraordinarios de espera en las ya de por sí abotagadas casetas de cobro de casi todo el país.
Pemex, Pemexproa y el Pozo de los Deseos. El primer deseo se cumplió y es bueno: por primera vez coinciden en una visión conjunta de lo que debe ser la paraestatal más grande del país, su director (Víctor Rodriguez Padilla), la secretaria de Energía (Luz Elena González) y el titular de Hacienda (Edgar Amador); en un proyecto que ambiciona ver una década adelante a pesar de los eventos productivos e inesperados que rodean a la industria petrolera... máxime en un momento incierto del comercio mundial y una rápida transición energética global.
El primer ruido dentro de ese proyecto es que Rodríguez Padilla tuvo que reintegrar a su equipo en el área estratégica, Exploración y Producción, a Néstor Martínez y a sus cofrades José Antonio Escalera y Arturo Escamilla —todos ellos parte del equipo del ahora director del INFONAVIT, Octavio Romero—, luego de despedirlos de manera fulminante y que ello derivara (¿boicot?) en una drástica caída de la plataforma de producción los primeros días del sexenio.
Tras una primera revisión del plan presentado ayer, para que resuelte exitoso el rescate de Pemex con el medio billón de pesos que el gobierno está destinando a cubrir los vencimientos inmediatos de la deuda financiera de la paraestatal y garantizar el pago (poco más de la mitad) de la deuda con proveedores, es impostergable lograr en el corto plazo éxitos exploratorios y de extracción de crudo así como reducción notable en los costos de operación de refinerías que permitan elevar drásticamente el flujo de efectivo: sin ese aumento de flujo, la deuda de la empresa será un auténtico Pemexproa.
Sólo con el éxito productivo en circunscritos a las restricciones financieras de la empresa (costos de producción, costos internacionales comparativos, precios de mercado, ingresos, tasas de interés, deuda y tipo de petróleo crudo obtenido y procesado), se podrá lograr la meta de Claudia Sheinbaum de que en 2027 Pemex ya no necesitará el salvavidas presupuestal de la federación. ¿Y cómo, cuando la empresa carece de liquidez? La fórmula oficial, sin que se exprese abiertamente, es el regreso al modelo de contratos de servicios del periodo neoliberal con modalidad de “rondas petroleras” de la época de Enrique Peña… e incluso llevado a un nivel más alto: se plantea la inversión compartida.
Pero ello, obviamente, generará tensiones en torno a la gobernanza de los proyectos más ambiciosos presentados de aguas profundas, pozos maduros y fracking por el actual gobierno. ¿Quién llevará las riendas en la explotación de los yacimientos Trion o Zama? Y si fuera necesario un arbitraje por diferendo entre Pemex y sus socios privados, ¿los contratos se litigarán en los tribunales recién electos en México o en Nueva York?
Muchas preguntas por resolverse en 48 meses.