En un día emblemático para una democracia constitucional en retirada, en la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvió un asunto de la mayor relevancia.
Se trató de la infamia cometida contra Lorenzo Córdova, a quien se incluyó en libros de texto publicados por la Secretaría de Educación Pública, en un apartado en el que pretendía explicar y ejemplificar conductas violentas y discriminatorias.
¿Por qué la infamia? Básicamente, por la determinación con la que Córdova, como presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, junto con un grupo de consejeros —destacadamente Ciro Murayama—, defendieron la autonomía del INE ante los distintos embates e intentos de colonización por parte del poder político (el gobierno obradorista), cuyos actos de presión y acoso fueron de diversa índole: recortes presupuestales, críticas institucionales y personales desde las conferencias presidenciales matutinas diarias y hasta denuncias penales. En el caso de Córdova, la fobia rebasó cualquier límite de decoro y decencia, al intentar petrificar, en textos educativos obligatorios, un estigma que claramente vulneraba su derecho al honor y a la reputación.
Otra raya de impunidad más al Cuau
Los penosos sucesos son del todo conocidos. De manera ilegal, fue difundida una conversación —obtenida de manera también ilegal— entre los entonces presidente y secretario ejecutivo del INE. Si bien el tono utilizado por Córdova en la llamada fue desafortunado (y por lo cual ofreció reiteradamente disculpas), en el fondo de dicha conversación tenía la razón: no se debe ceder a exigencias y desplantes que funcionarios electorales no pueden conceder, como era “regalar diputaciones plurinominales para representantes indígenas”, cuando, se sabe, la integración del Congreso depende de la voluntad de la ciudadanía con sus votos, a partir de reglas electorales establecidas. Para constatar la clase de personaje que era Hipólito Arriaga, autodesignado “gobernador indígena nacional”, remítase al esplendido artículo de Raúl Trejo Delarbre, “Infamia en libros de texto”, publicado en Nexos. No tiene desperdicio.
Académico y funcionario ejemplar, como a Lorenzo Córdova no le encontraron mancha alguna en su desempeño profesional, utilizaron la privada e ilegal —hay que reiterarlo las veces que sean necesarias— grabación de esa llamada como un mecanismo más de presión. La inquina fue a todas luces desproporcionada: utilizar recursos del Estado (que financia los libros de texto) para sembrar en la mentalidad de la niñez mexicana que un ciudadano, incómodo para el poder político, había cometido una acción que merecía ser ilustrada junto con graves barbaridades sucedidas en la historia de la humanidad, como el Holocausto, el genocidio de la población armenia o el de la población tutsi en Ruanda. El despropósito es de tal magnitud que ofende el sentido común y la inteligencia de cualquiera.
Como se esperaba de quien ha sido un férreo guardián de la Constitución, el ministro Javier Laynez Potisek —a quien se recordará como un gran jurista que supo ejercer el cargo con dignidad, aplomo y contundencia—, propuso el proyecto de sentencia —que culmina con una estela de importantísimas ponencias presentadas por él—, que ordenó retirar las menciones de Córdova en los libros de texto de la SEP.
Para rematar el episodio, hay que remitirse al espléndido cartón que al efecto publicó Paco Calderón el domingo pasado. Con la elocuencia y genialidad que le caracterizan, puso en relieve lo absurdo de la infamia contra Córdova frente a otros asuntos que sí son de relevancia en la vida pública. Mientras tanto, en su actitud de mezquindad todo terreno, los aduladores del régimen se mantienen en el discurso del odio y resentimiento.
