Después de que Ismael El Mayo Zambada declarara que hasta que fue secuestrado el año pasado en Culiacán, pagó sobornos a jefes policiacos, mandos militares y políticos entre 1984 y 2024 en que su organización criminal transportó y vendió 1.5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos para operar libremente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió pruebas y “que se denuncie a quiénes daba dinero porque tiene que haber una denuncia y no todo debe quedar en eso, sino escalar instancias jurídicas”.
Al mismo tiempo, dijo en su mañanera que lo que más le llamó la atención y le pareció interesante, fue que el director de la DEA, Terrance Cole, haya dicho en la conferencia de prensa del lunes en la Casa Blanca, y que se haya referido, “primero, García Luna, el segundo lugar al Chapo y el tercero, al Mayo; como los tres grandes narcotraficantes, lo que recuerda que tras ser aprehendido y acusado en EU en el anterior sexenio, el exsecretario de Seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, fue condenado no con pruebas sino con declaraciones de testigos protegidos, cuyo encarcelamiento fue festejado entonces en Palacio Nacional.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
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En su último informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, sostuvo que el Poder Judicial Federal trabajó los dos últimos años en condiciones de adversidad sin precedentes para sostener los pilares de la Constitución, bajo ese asedio de calumnias y agresión, sin responder con estridencias sino con sentencias, con apego a la razón, al diálogo y al derecho.
Por la declaración de Stephen Miller, asesor de seguridad de Donald Trump, de comparar a CDMX con las más violentas de Estados Unidos, la Presidenta Sheinbaum ordenó a las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores, enviarle las cifras que muestran la baja de delitos de alto impacto que se registran aquí “porque a lo mejor no conoce la reducción de homicidios” en esta capital, que de 2018 a la fecha es de casi 60 por ciento.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Oswaldo Rivera González, otorgó las primeras suspensiones provisionales de amparo a los ciudadanos Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras contra la CURP biométrica, que justificadamente se negaron a proporcionar datos personales para ésta.
La muy controvertida propuesta presidencial de reforma electoral, que incluye eliminar diputados plurinominales, no sólo preocupa a quienes presidieron el INE e IFE o fueron consejeros y magistrados, sino también y, sobre todo, a dirigentes de partidos minoritarios que legislativa, política y financieramente más se han beneficiado de ellas y que sumados a Morena conforman hoy la mayoría en el Congreso.
