En el informe de gobierno no se mencionó el hallazgo de restos humanos calcinados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Sin embargo, se dijo que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas era una prioridad para el Gobierno de México y que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de este año, se había realizado el reforzamiento de las capacidades institucionales federales y estatales, pero no se habló de la crisis que desde hace varios años vive la Comisión Nacional de Búsqueda.
El pasado 30 de agosto tuvo lugar una marcha en la Ciudad de México y también en otras ciudades de la República, para denunciar este problema. En la manifestación se hizo notar el descontento de las víctimas hacia la omisión y la falta de voluntad que perciben por parte del Estado para atender y resolver el tema de las desapariciones forzadas, y con justa razón.
Acuerdo para levantar bloqueos
No hay una cifra precisa y actualizada del número de personas desaparecidas en México; el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó una cifra de 128 mil 64 personas desaparecidas hasta mayo de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene registradas 133,080 personas desaparecidas y organizaciones y colectivos aseguran que son muchas más.
El informe coloca como éxito pequeños logros que, si bien son personas localizadas y devuelven el aliento a sus familias, aún dejan mucho que desear. Se informó que se localizaron 438 personas con reporte de desaparición, de las cuales 417 con vida y 21 sin vida, así como 560 hallazgos, como resultado de 3 mil 148 acciones de búsqueda en vida y 2 mil 582 acciones forenses.
Lo que sí sabemos es que los estados que concentran el mayor número de desapariciones forzadas son el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora y, tristemente, el grupo de personas que más desaparece son mujeres entre 15 y 19 años, de acuerdo con la CNB.
Hablar de desapariciones forzadas en México es hablar de mucho dolor y sufrimiento; además de estas cifras que nos impactan, debemos pensar en la historia que hay detrás de cada víctima, de cada hija, hijo, de cada madre que busca a su familiar y de las comunidades enteras que padecen las consecuencias de la violencia del crimen organizado y la omisión del Estado. Como sociedad no debemos normalizar la violencia que representan estas ausencias y, mientras haya una madre buscando a su hijo, hija, esposo o familiar, las cuentas por parte del Gobierno seguirán pendientes.
Los colectivos de madres buscadoras en manifestaciones y comunicados generalmente piden tres principales cosas: Verdad, justicia y reparación. Hasta la fecha no se ha obtenido ninguna; las cifras oficiales, aun siendo estremecedoras, no alcanzan a dimensionar el impacto de las desapariciones; la impunidad sigue siendo una constante y las personas familiares siguen sin poder continuar con su vida por estar luchando para que se haga algo.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución donde se aprobó la creación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y en la cual también se declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
