La tierra en México se divide, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, en tres tipos: las primeras son públicas o del Estado, las segundas son del dominio privado o de los particulares, y hay una tercera categoría que son de propiedad social (ejidos, comunidades comunales).
Las tierras ejidales generan ciertos derechos a los ejidatarios y a las comunidades agrarias, como es el usufructo sobre ellas, siendo una propiedad social que no se podía transmitir libremente a terceros, únicamente por herencia y en un estricto orden de sucesión. Sin embargo, con la Ley Agraria de 1992, promovida por Carlos Salinas de Gortari, entre otras modificaciones, se creó una forma para desincorporar las tierras ejidales del núcleo ejidal, mediante la realización de una asamblea de ejidatarios que por unanimidad acuerde la desincorporación del régimen ejidal para pasar a ser propiedad privada, y con ello se pueda vender libremente.
El crecimiento de las ciudades ha requerido cada vez mayores extensiones de tierra para su desarrollo, como la vivienda, parques industriales o desarrollos turísticos, agotando en muchas partes el área de tierra de propiedad privada, y por ello se ha desarrollado un crecimiento en la conversión de tierras ejidales a tierras de propiedad privada, propiciando que en muchas ocasiones no se respeten los procesos jurídicos para su conversión.
Por lo anterior, encontramos escrituras de tierras que supuestamente son propiedad privada, pero que provienen de la conversión de tierras ejidales o comunales, sin haber realizado debidamente el proceso legal para ello, habiendo sido manipulados los ejidatarios por los líderes agrarios, quienes ofrecen cantidades irrisorias por su voto, o sin haber realizado una asamblea de ejidatarios, todo en complicidad con los comisarios ejidales, notarios, presidentes municipales y registradores del registro público de la propiedad, para que, de esta forma, se desarrollen todo tipo de proyectos inmobiliarios, lo que produce que las personas que adquieren dichas tierras sean defraudadas, en virtud de que jurídicamente las tierras siguen siendo ejidales, teniendo las escrituras una falla de origen y que es insalvable.
Este problema del fraude realizado con tierras ejidales seguirá creciendo si las autoridades no hacen algo al respecto, pues representan, de acuerdo con el Inegi, el 51% del territorio nacional, y ante la necesidad de tierras de propiedad privada los grandes desarrolladores, en contubernio con la cadena de autoridades, seguirán utilizando la figura de la desincorporación de las tierras ejidales para convertirlas en propiedad privada, ya sea de forma legal o ilegal.
El ejido ha sido criticado desde su origen por diversos motivos, ya sea por la fragmentación de la propiedad, provocando una menor producción agraria, o por la manipulación de las comunidades agrarias por los cacicazgos de antaño que manipulan de acuerdo con sus intereses, además, provocan la sobreexplotación de los bosques, mantos acuíferos y pastizales, provocando la deforestación y el deterioro de la tierra en general.
Ante los fraudes que se están realizando con tierras ejidales, la manipulación de los ejidatarios mediante la explotación de su situación económica o ignorancia, las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal deben replantearse hacia dónde quieren que vayan las tierras ejidales, y, sobre todo, que eviten el abusos y fraudes sobre las tierras ejidales.