En términos proporcionales respecto a los usos que se pretende dar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, unos 74 mil millones de pesos son poco frente al gasto proyectado total de 10.1 billones de pesos: el equivalente a unas 65 horas de gasto, y aún mucho menos respecto a la deuda total del próximo año que la Secretaría de Hacienda estima en casi 21 billones de pesos, unas 29 horas de amortización. Eso es lo que el gobierno dice que le deben las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
Para las empresas del Grupo Salinas, entre ellas Elektra a la que se le ha fincado de manera inexplicada —se le empezó cobrando 11 mil millones de pesos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta inflar por métodos desconocidos la cifra de 74 mil millones de pesos actualmente— la exigencia de pagar una suma que significa cuatro años de sus ventas.
La suma que hoy se aduce como cobro fiscal representa 14% de lo que terminará costando la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco cuyos terrenos —lejos de convertirse en una nueva zona lacustre— se rellenan con aguas residuales y su zona seca es objeto de disputa por grupos de invasores de predios.
¿Y si en la propia 4T frenan la electoral?
Una proporción, 14%, similar a lo que terminó costando la obra civil y equipamiento del Tren Maya. La pretendida cobranza sólo cubre dos años de subsidio para mantener un servicio de transporte con reducido aforo pues su ejecución —entre otras especificaciones técnicas— desoyó las recomendaciones de la afamada firma británica Steer Davies Glave, de Hugh Jones, para que el tren entrase a las zonas céntricas de Campeche, Mérida y Cancún.
La suma reclamada equivale a 4.6% de lo que México pagará por intereses de deuda el próximo año: una deuda generada, en buena medida, por obras de escasa o nula rentabilidad, actividades petrolíferas deficitarias (los 74 mil millones sólo pagarían mes y medio de las pérdidas que en 2024 registró Pemex, hoy a cargo de Víctor Rodríguez, incluyendo la Refinería de Dos Bocas) al tiempo de sostener los crecientes subsidios generalizados a la población bajo una óptica netamente electoral.
La presión ejercida sobre Salinas Pliego, señalándole constantemente de “evasor fiscal”, amedrenta a grupos empresariales que, por miedo o interés, siguen pasmados ante al achicamiento del Estado de derecho, pero que, sin embargo, mantienen paralizados una serie de proyectos pagados de sus bolsillo, incluyendo energía: siguen expectantes sobre el fondo y forma de cómo procederá la recién instalada Suprema Corte de Justicia, encabezada por Hugo Aguilar, ante las instrucciones presidenciales, si será de manera lineal o con apego al marco legal.
Así, tanto por sus opiniones divergentes, Salinas Pliego, el “villano favorito del régimen”, es uno de los diques en defensa de la democracia, la rendición de cuentas del gobierno y de la libertad ciudadana ante las tendencias autoritarias del régimen que ahora busca romper el derecho de amparo y la representación relativa en las Cámaras de Diputados y Senadores.
Prosa 2025 y el reto de la digitalización. Bajo la conducción de Salvador Espinosa, el Foro Prosa celebró una nueva edición como espacio de conversación y networking diseñado especialmente para sus clientes y el ecosistema financiero. El evento evolucionó hasta convertirse en un referente inclusivo con speakers y empresas de primer nivel como Mercado Pago, Santander, Google y Endeavor. Además, refleja la transformación de Prosa como empresa que modernizó su tecnología, cultura y talento a fin de figurar como un mejor socio estratégico e impulsar la digitalización en un país en donde aún predomina el uso de efectivo.
En el evento, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, destacó la solidez y evolución de la banca mexicana, que hoy concentra 1.8 billones de pesos de capital invertido. Sin embargo, persiste el gran reto de la informalidad, pues de 4.5 millones de micro y pequeñas empresas, sólo un millón son bancarizables, mientras que la mayoría se inclina para usar efectivo en 75% de transacciones mayores a 500 pesos.
Que Martínez Araiza les debe 900 mdp. Como aquí le informé, Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), está exhortado por sus representados para dar cuentas a sus agremiados por el patrimonio y las cuotas sindicales que en los últimos seis años alcanzan casi 900 millones de pesos.
Los trabajadores disidentes del SNAC —por la violación del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo— exigen la renuncia, la suspensión del registro del SNAC y que la Fiscalía General de la República, SAT y la Secretaría del Trabajo intervengan cuanto antes.
Y fundamenten su reclamo por cuotas sindicales de 500 millones de pesos, entre 2019 y 2025, y el daño patrimonial al sindicato por 395. 1 millones de pesos, por la venta de la sede sindical, la inversión fallida en una organización internacional y la cancelación simulada de facturas a proveedores que se sospecha son “factureros”.
Tome nota.
