Durante muchos años, Petróleos Mexicanos fue arrastrado por una dinámica de endeudamiento que parecía no tener freno. Entre 2008 y 2018, los pasivos financieros de la empresa pasaron de 43 mil millones de dólares a más de 105 mil millones, lo que representó un incremento de 144% en apenas una década.
Esa tendencia impulsada por los gobiernos neoliberales limitó severamente la capacidad de inversión de la compañía, deterioró su posición crediticia en los mercados y sembró dudas sobre su viabilidad financiera.
El contexto de esa deuda no puede soslayarse: se contrató con tasas elevadas y plazos cortos, lo que derivó en un calendario de vencimientos muy costoso.
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Una parte significativa de esos pasivos debe liquidarse en 2025 y 2026, lo que explica la presión que hoy enfrentan las finanzas públicas.
No obstante, estos vencimientos no son producto de decisiones recientes, sino resultado de compromisos heredados, de “la maldita deuda corrupta de Felipe Calderón y Peña Nieto”, como lo dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que ahora deben cumplirse con responsabilidad.
A partir de 2019 se delineó una estrategia para revertir la inercia de endeudamiento. El Gobierno federal ha orientado recursos y apoyos explícitos a Pemex con el fin de estabilizar sus finanzas y garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones como el fortalecimiento de su capacidad productiva.
Los resultados comienzan a ser visibles: Pemex cerrará el actual sexenio con una deuda menor a la recibida y se estima que, hacia el final de la presente administración, ésta se ubique por debajo de los 80 mil millones de dólares.
El reconocimiento internacional no se ha hecho esperar. Por primera vez desde 2013, las agencias calificadoras han elevado la nota crediticia de Pemex.
Fitch, por ejemplo, subió la calificación de B+ a BB, lo que representa un avance de dos escalones y coloca a la empresa a sólo dos niveles de recuperar el grado de inversión.
Esta mejora no es un gesto simbólico: significa acceso a mejores condiciones de financiamiento y una señal clara de confianza hacia la estrategia actual.
Los beneficios son tangibles. La reducción de las tasas de interés implica ahorros anuales cercanos a 220 millones de dólares, recursos que podrán destinarse a inversión productiva.
En términos prácticos, esto se traduce en más proyectos de exploración, modernización de refinerías y fortalecimiento de la infraestructura energética.
Más allá de los números, Pemex mantiene un papel estratégico en la economía nacional. Emplea a cerca de 130 mil trabajadores en todo el país, genera encadenamientos productivos que benefician a diversos estados y es un factor clave para la soberanía energética.
Un Pemex más sólido significa no sólo finanzas públicas más estables, sino también más empleos, mayor dinamismo regional y un sector energético capaz de garantizar el desarrollo de México en el largo plazo.
Los retos siguen siendo importantes. El peso de los vencimientos heredados exigirá disciplina fiscal y visión de largo plazo. Sin embargo, lo avanzado hasta ahora demuestra que, con una política clara de apoyo y un manejo prudente de los recursos, es posible transformar a Pemex de símbolo de vulnerabilidad financiera en un motor de crecimiento.
Hoy, la empresa más importante del Estado mexicano tiene la oportunidad de consolidarse como lo que siempre debió ser: un orgullo nacional, pilar de la economía y garante de nuestra soberanía energética. Veremos.
RADAR. Desde el río hasta el mar… De cara al inicio del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que formalmente arranca hoy, se ha generado una ola de apoyo incondicional de países miembros para reconocer al Estado de Palestina… el genocidio del pueblo palestino, cometido por Israel, es una realidad y la comunidad internacional eleva la voz por un ¡YA BASTA!
