Es lógico que el extraordinario despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe traiga a la memoria las últimas intervenciones militares en Granada y Panamá en los años 80. Desde la estricta historia militar, las más recientes operaciones ofensivas estadounidenses son las primeras, en ese mar, desde los procesos de paz en Centroamérica a fines del siglo XX.
Sin embargo, la más clara continuidad de dichas acciones no es con aquellos últimos momentos de la Guerra Fría en el Caribe sino con la hostilización militar de cárteles de la droga en Colombia y México en lo que va del siglo XXI. El gobierno de Donald Trump está combinando, en el Caribe, dos líneas de acción que se remontan, por lo menos, a la administración de George W. Bush en los años 2000: la guerra preventiva contra el terrorismo y el combate al crimen organizado.
Al declarar a cárteles de la droga mexicanos, colombianos o venezolanos como organizaciones terroristas, el unilateralismo bélico de Estados Unidos asegura otro campo de propagación. Desde que comenzó el despliegue caribeño, unas cuatro embarcaciones venezolanas, según Washington, han sido aniquiladas con drones.
Otra raya de impunidad más al Cuau
Se trata, como lo ha calificado The New York Times, de ejecuciones extrajudiciales como las que se acostumbraban a hacer durante las guerras de Irak y Afganistán. Esas embarcaciones, que sin compartir demasiada información, son calificadas como “botes llenos de droga”, pertenecientes a cárteles como el de los Soles o el Tren de Aragua, son fulminadas con misiles estadounidenses.
El unilateralismo de esas acciones es propio de un estado de excepción global, según el cual Estados Unidos combate a actores terroristas sin respetar normas internacionales o regionales. La definición de los narcotraficantes como terroristas coloca esas represalias fuera del derecho global y de las instituciones que lo sostienen ante la comunidad de naciones.
Una peculiaridad es que este unilateralismo no es aceptado por el gobierno venezolano, pero tampoco es plenamente reconocido. En países como México, Colombia y Ecuador, por ejemplo, las acciones de la DEA y otras agencias de seguridad de Estados Unidos son, generalmente, aceptadas. En Venezuela, dado el diferendo bilateral generado por el gobierno no democráticamente electo de Nicolás Maduro, esa colaboración no tiene lugar.
Pero el caso venezolano es peculiar por otra razón: el gobierno de Nicolás Maduro no reconoce la veracidad de los ataques a las embarcaciones. Caracas sostiene que dichas acciones no son reales: son fake news o videos manipulados con Inteligencia Artificial. Junto con esa negación, el gobierno venezolano ha responsabilizado al secretario de Estado, Marco Rubio, no a Donald Trump, por dichas acciones irreales, y ha invitado al presidente de Estados Unidos a retomar el diálogo bilateral.
Mientras otros gobiernos de la región, como el brasileño y el colombiano, denuncian los ataques contra las embarcaciones venezolanas en foros internacionales, Caracas no da crédito a las acciones militares de Estados Unidos. El verdadero foco de interés del gobierno de Maduro no es la realidad sino la amenaza de la agresión, que le sirve para activar la movilización doméstica a su favor. Tanto la improvisación de milicias como el recrudecimiento de la represión encuentran razones justificativas en ese nuevo contexto peligroso.
La más reciente reacción venezolana al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe ha sido decretar un “estado de conmoción exterior”, fórmula que funciona como eufemismo del menos alarmista estado de sitio o de emergencia. En la práctica, se estarían adoptando, una vez más, en Venezuela, mecanismos del estado de excepción ya habituales en ese país, como la suspensión de garantías constitucionales, el incremento del gasto militar y la concentración del poder en el círculo más cercano a Nicolás Maduro.
