El pasado miércoles, en uno de sus primeros fallos en temas financieros emitidos por la actual Suprema Corte, resolvió en contra de Actinver: el banco dirigido por Luis Hernández Rangel presentó en 2024 un impedimento contra de la ministra Loreta Ortiz Ahlf, alegando que no podía conocer del asunto principal a resolver —un juicio de amparo en torno a una multa de mil millones de pesos por el fraude que hace 6 años se acusó hubo en Infonavit—porque, supuestamente, uno de los familiares de la ministra trabaja con la contraparte. Empero, todos los ministros coincidieron que Ortiz Ahlf puede conocer y votar el asunto.
Actinver también había solicitado que se excusaran de conocer del asunto los ministros Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes ya no ostentan ese cargo desde agosto pasado.
Lo relevante es que los ministros coincidieron que no hay razones ni pruebas de que Abel Chávez Salinas (yerno de Ortiz Ahlf) presuntamente fue contratado por Rafael Zaga Tawil para representarlo en el litigio contra el banco quejoso.
Mal momento para bloquear
Adicionalmente, decidieron imponer una multa a Actinver señalando que “la promovente ha causado un perjuicio grave al proceso del que deriva, lo que provocó retraso injustificado en la impartición de justicia y la necesidad de realizar actuaciones judiciales injustificadas” por parte de la Corte.
Ello porque, se anotó, “este Pleno de la SCJN considera que la promovente actuó de mala fe al momento de interponer el presente incidente, como si se tratase de una estrategia procesal correcta, a sabiendas de su evidente improcedencia”
En torno a ello, el ministro Giovanni Figueroa enfatizó que coincidía con imponer una multa al banco, argumentando que se pretendió solamente entorpecer la resolución del asunto principal. Así, lo del pasado miércoles se agrega a una larga lista de asuntos en los que grandes despachos de abogados presentan recursos y escritos con el objetivo de alargar y obstaculizar los juicios… lo que redunda en un inútil trabajo judicial y un desperdicio de recursos públicos.
Por cierto, se sabe que existe otro litigio bancario en la Corte en el que buscan excluir a Loretta Ortiz con los mismos argumentos que hoy fueron desechados. Habrá que ver si de igual manera se califica al quejoso de proceder de mala fe, a fin de entorpecer el proceso.
CRT: Lágrimas y Prisas. La muerte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la entrada en función de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) tienen tantos pasajes que daría para una película de Los Polivoces, o de perdis para un acto de una obra de teatro bufo si no resultara trágico: el miércoles pasado, al extinguir al IFT, el presidente saliente, Javier Juárez Mojica, soltó lagrimones tipo caguama, como si le doliera de verdad la destrucción de un órgano autónomo, destrucción a la que alegremente contribuyó. Lloró como miedoso lo que no supo defender con gallardía, parafraseando a la Sultana Aixa.
Y en esas prisas de tomar el control, el jefe fáctico de Juárez Mojica, José Peña Merino, primero, la semana pasada, mandó quitarles las laptops de trabajo a 800 trabajadores del extinto IFT para dárselas a sus incondicionales en la recién estrenada CRT…, pero luego se las tuvo que devolver porque no había quien sacara la chamba…, pero otra vez, esta semana, se las quitarán porque ahora sí llegaban “los leales al régimen” pero no hay quien saque la chamba.
De remate, a 800 exempleados del IFT los están recontratando como “eventuales”, pero —como aquí se informó— sin saber cómo Peña Merino le sacará una lana extra a la SHCP de Édgar Amador a días que se cierre el ejercicio presupuestal 2025 y se apruebe (a la fuerza) el proyecto de gasto 2026.
Mientras tanto, en la Secretaría de Gobernación, se supo que el senador hoy chapulinista Javier Corral, anda queriéndole comerle el mandado a Peña Merino, a fin de que se nombre uno o una comisionada(o) a su gusto y así endurecer sus venganzas contra las televisoras del país… como bien podría ser su aliada Clara Luz Álvarez.
A ver en qué termina la opereta del CRT, entidad que la USTR, a cargo de Jamieson Greer, categoriza como una de las barreras no arancelarias de México que afectan la continuidad del T-MEC.
Último sketch: triste, ojeroso y desaliñado, al mejor estilo del Chompiras, Javier Juárez pasea como ánima en pena por la ciudad.
Puntea Gami en Tren Saltillo-Nuevo Laredo. Hoy, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a cargo de Andrés Lajous, definirá quien diseñará y construirá los 136.48 kilómetros del tramo Saltillo-Nuevo Laredo conforme a la licitación a precio alzado con evaluación doble (puntos y porcentajes) número LO-09-D00-009D00999-I-32-2025.
En cuanto a precio, la mejor oferta es la de Gami Ingeniería, que dirige Manuel Muñozcano, en alianza con Azvi, Recal y Construcciones Urales, por 10,992.1 millones de pesos. Esa oferta está por debajo en 29% promedio de lo propuesto por Comsa-Vise, ICA, Caabsa y Cicsa que ofrecieron ejecutar la obra por arriba de los 15 mil millones de pesos.
Veremos como equilibra la ARTF precios y efectividad de los concursantes en tiempo de escasez presupuestal.
IMCO: apertura inversión privada en gas. La propuesta del Instituto Mexicano para la Competitividad, de Valeria Moy, para que el actual Gobierno permita la participación de la iniciativa privada para duplicar su red de gasoductos, es un elemento central para la reindustrialización de México como integrante del bloque de América del Norte. En su propuesta, el Imco apunta que el acceso a gas natural es clave para que funcione el Plan México, pues asegura energía a precio competitivo, respalda la transición a fuentes limpias y fortalece la atracción de nuevas industrias que buscan que sus productos registren la menor huella de carbón posible.
Tome nota.
