La Agencia Nacional de Aduanas de México está cumpliendo un papel que no habían tenido las garitas del comercio exterior durante muchas décadas: un sistema enfocado en hacer cumplir las leyes de importación y exportación, una de las balanzas de compensación a la competencia de productos venidos internacionales ante los fabricados en México; por tanto, una compleja red de información y operación logística que permite elevar la recaudación, la detección de fraudes y otros delitos como el “huachicol fiscal”.
Con ello ANAM, bajo la conducción de Rafael Marín Mollinedo, aporta 12% de la recaudación tributaria del país.
Tradicionalmente, las aduanas del país han sido porosas, un lugar ideal para el “contrabando documentado o fiscal” que además de provocar evasión fiscal, generan una grave competencia desleal contra los fabricantes nacionales e internacionales legalmente establecidos, distorsionando así la naturaleza de las políticas industriales y de los acuerdos de libre comercio en el mundo.
Violeta
Esas distorsiones en el sexenio pasado, cuando la administración aduanal estuvo a cargo inicialmente de Ricardo Peralta y luego Horacio Duarte quienes están hoy en el ojo del huracán; luego, tras el primer y breve periodo de Marín Mollinedo, sobrevino el mando militar del general André Foullon… periodo en el que el sistema de control no sólo estuvo descontrolado, sino dio paso a contrataciones de bienes y servicios “a modo” por más de 10 mil millones de pesos —incluyendo algunos que se pactaron con familiares de Manuel Bartlett— ya cancelados.
Uno de los lastres históricos a los que se ha tenido que enfrentar la administración de Marín Mollinedo en su actual periodo es la persistente corrupción a todo nivel: la detección y documentación puntual sobre la red de contrabando de combustibles y sobornos orquestada por los sobrinos políticos del exsecretario almirante Rafael Ojeda, así como retomar el control inicialmente de la aduana de Manzanillo al establecer un mando de confianza —así como en otras terminales portuarias— dan cuenta de que aplicar la ley no es una cuestión de contentillo ideológico sino de responsabilidad pública.
El resultado concreto es que en lo que va del año, el aumento en la recaudación (24.5%) en las 50 aduanas del país responde al proceso de recomposición y ordenamiento donde los mandos técnicos y civiles han retomado las riendas… y así se ha logrado el mayor crecimiento porcentual en los rubros tributarios. Y dada esa trayectoria, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, proyectó la mejoría de la captación tributaria en 2026 sustentada en un aumento real de 40.6% en la correcta aplicación de impuestos a la importación.
El desempeño operativo y político de la directiva de ANAM ha generado enojos al interior de la 4T y no pocas envidias entre sus aliados. Pero sería mejor sosegar esos ímpetus tribales ante lo que es uno de los logros realmente trascendentes en el primer año de Claudia Sheinbaum.
Hoy, Trenes Celaya-Apaseo y Saltillo-Piedras Negras. Se pospuso del viernes a este lunes el fallo sobre qué consorcio gana la construcción del tendido ferroviario entre Saltillo y Piedras Negras, donde Gami, de Manuel Muñozcano ofrece casi 30% menos precio que los otros 4 tiradores.
En paralelo, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, a cargo de Andrés Lajous, también daría el fallo sobre el tramo Apaseo El Grande-Celaya, donde Mota Engil México, que conduce José Miguel Bejos, y Carso, de Carlos Slim, están en un empate técnico de precio con diferencia inferior al 3%.
La semana arranca intensa.
Denuncian corrupción y acarreo en Cofepris. Como si no bastara con los escándalos que rodean a la saliente administración del general Miguel Enrique Vallín en la Agencia Federal de Aviación Civil, ahora la bomba estalla en la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios: el viernes se difundió con gran fuerza en el sector salud la versión de la salida de la comisionada Armida Zúñiga por presuntas prácticas de corrupción y de uso indebido de sus atribuciones que se presentó en una denuncia anónima.
La acusación habla de extorsión, amenazas contra el personal del organismo para que se presentaran al evento político de ayer domingo en el Zócalo capitalino, coerción que se le atribuye a la secretaria general, Alondra Sánchez.
La denuncia, nos dicen, se presentó ante el órgano interno de control (representación de la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro) y en la oficina del secretario del ramo, David Kershenobich.
