En las últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha revocado la visa a más de 50 funcionarios y políticos mexicanos. La cifra no es menor, pero lo más grave no es el número, sino lo que hay detrás. Washington no ha dado explicaciones públicas, no ha compartido una lista oficial ni ha ofrecido pruebas. Sólo ha hecho saber que, en su criterio, estas personas tienen vínculos con el crimen organizado.
La visa es, en teoría, un trámite migratorio. Pero cuando se convierte en una herramienta de presión sobre políticos extranjeros, el mensaje es otro: no puedes entrar porque sabemos de qué lado estás. Cuando se hace de forma masiva, sin aviso ni transparencia, estamos frente a una estrategia política. Si México no cede ante lo que quiere Trump —sobre todo en comercio y seguridad—, la presión irá directo al punto más sensible del Gobierno: evidenciar la corrupción y la colusión con el narco dentro de las redes de Morena.
Mientras al menos medio centenar de figuras públicas —entre ellas gobernadores, exgobernadores, alcaldes y exfuncionarios— están bajo sospecha directa, el Estado mexicano guarda silencio o dice no saber. Pero en este contexto, no saber también es una forma de callar; y el que calla, otorga. En un escenario ideal, el Gobierno investigaría, colaboraría con EU y sancionaría a los implicados. Pero eso no pasará.
Cónclave para el regalo de Alito
La opacidad es el verdadero escándalo. Es cierto que Washington no ha presentado pruebas contundentes y eso puede discutirse, pero no se trata de un proceso judicial, se trata de una advertencia: el objetivo no es castigar, sino presionar. Del lado mexicano, nadie exige claridad ni informa a la ciudadanía quiénes están en la mira.
Si más de 50 políticos mexicanos son considerados “non gratos” por vínculos con el narco, eso no habla sólo de personas. Habla de estructuras. Refleja una simbiosis entre política y crimen que hace rato dejó de ser excepción. Las sospechas ya no son marginales: son sistémicas.
Trump cojea del mismo pie que AMLO y Sheinbaum: lo único que importa es la popularidad. Cualquier revelación que venga del norte puede golpear el 75 por ciento de aprobación presidencial. El golpe va directo a donde más les duele a muchos políticos: sus visas, sus lujos, sus dobles vidas en EU. No los acusa penalmente, pero les impide vacacionar en San Antonio o comprar departamentos en Houston.
Más allá del turismo político, lo que está en juego es mucho más profundo. Se acercan las negociaciones del T-MEC y las elecciones intermedias. Trump quiere dejar claro que nadie está por encima de él y que puede presionar a quien sea: con aranceles, con fuerza o con visas. Silenciar las sospechas es tapar un campo minado. El que sepa dónde pisa, podrá arrasar.
