El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos cumple ya cuatro semanas. El shutdown se ha vuelto una tradición y es el símbolo perfecto de la polarización política que produce Donald Trump. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras, no han conseguido los 60 votos en el Senado para aprobar la H.R. 5371, una resolución que reabriría la administración. Los demócratas se niegan a aprobarla porque no contempla fondos adicionales para los subsidios de Obamacare y Medicaid, diseñados para hacer más asequible la salud. Trump, en su segundo mandato, ha decidido jugar al límite: probar hasta qué punto puede someter a su adversario —y al propio Estado— a una parálisis política indefinida.
El shutdown ha dejado entre 750 y 800 mil empleados suspendidos sin salario y otros 700 mil trabajando sin remuneración inmediata. Museos, parques nacionales, oficinas de pasaportes y tribunales civiles permanecen cerrados o con operaciones mínimas; la FDA suspendió parte de sus inspecciones, retrasando la distribución agrícola y programas como Head Start y WIC enfrentan interrupciones en varios estados.
El gobierno estadounidense opera a medio gas, pero los efectos económicos ya se sienten. Cada semana de parálisis resta entre 0.1 y 0.2 puntos al PIB, pero al trumpismo no le preocupa el costo macroeconómico: le interesa reafirmar e imponer la visión de un Estado desmantelado, mínimo, resistente a su contraparte ideológica demócrata. Trump ha sugerido incluso convertir las suspensiones temporales en despidos definitivos, usando el cierre como un experimento para su promesa de “reducir el tamaño del gobierno”.
Ataque en Coahuayana
Lo que parece una crisis presupuestaria es, en realidad, una disputa sobre la legitimidad del poder. Los republicanos acusan a los demócratas de defender subsidios “clientelares”; los demócratas acusan a Trump de secuestrar al país para consolidar su dominio sobre el Partido Republicano. Nadie cede, porque ceder sería traicionar a su base. En el fondo, este shutdown no se trata del dinero, sino de quién se inclina primero ante el otro. Esta lógica lo complica todo.
Dentro de esta disputa de orgullo y vigencia ideológica, está de por medio el correcto funcionamiento de la administración pública federal de la principal potencia del mundo. Éste es un fenómeno que se ha vuelto relativamente común en los últimos años, pero que es atípico al compararse con el resto de los países y democracias en el mundo. Este tipo de eventos hacen cuestionar el funcionamiento democrático del sistema político estadounidense, que más de una vez se ha visto tremendamente frágil, como es el caso de la toma del Capitolio. La democracia más reconocida del mundo empieza a parecerse a las que solía corregir.
Más que un cierre administrativo, éste es un impasse de poder, un pulso por las elecciones intermedias de 2026.
