La ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche del sábado, rodeado de centenares de personas en la tradicional ceremonia del Festival de Las Velas, por el Día de Muertos, presuntamente protegido con escolta policiaca y elementos de la Guardia Nacional, confirma nuevamente que las fuerzas federales siguen sin evitar que grupos criminales, como los que controlan regiones de Michoacán, sigan cobrando vidas de autoridades municipales actuales y anteriores y de dirigentes agrícolas.
Infinidad de ocasiones, en mensajes, discursos y declaraciones de prensa, Manzo no sólo denunció sino demandó ayuda a los gobiernos estatal y federal ante la violencia imperante en su municipio, a riesgo de sufrir un atentado como el que le costó la vida, y también al que recientemente sufriera el líder limonero, Bernardo Bravo, lo que motivó que quienes integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal se reunieran para acordar acciones contra el crimen organizado.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Duarte queda preso
Christopher Landau, secretario adjunto de Estado del Gobierno de Estados Unidos y exembajador aquí, afirmó que el Gobierno de su país está dispuesto a profundizar con la cooperación a México en materia de seguridad, lo que fue agradecido por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El jefe del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal —cuyos integrantes fueron convocados ayer a una reunión con la Presidenta Sheinbaum por el asesinato del edil de Uruapan para garantizar su apoyo a Michoacán y que no haya impunidad— declaró que México mantiene una relación constante con agencias del vecino país y que “cualquier esfuerzo conjunto que contribuya a la paz, será siempre positivo para ambos países”.
Tras acudir al velorio de Manzo, el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, al que el asesinado alcalde de Uruapan responsabilizara de falta de protección estatal ante la violencia de grupos criminales, se retiró entre gritos y acusaciones de los asistentes.
Tercera audiencia este miércoles en el Altiplano —la primera fue suspendida y a la segunda no acudió por estar amparado— del prófugo contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero por la FGR en la red criminal que encabezaba.
Él y su hermano vicealmirante, Manuel Roberto, preso en ese penal mexiquense, sobrinos políticos ambos del extitular de la Marina Rafael Ojeda Durán, lideraban ese grupo que desde el sexenio pasado obtuvo ganancias de cientos de miles de millones de pesos en perjuicio del erario, delito que aún sigue en varias entidades.
Los dirigentes de la Concanaco expresaron su condena por el asesinato del alcalde de Uruapan y advirtieron que “México necesita acciones inmediatas contra la delincuencia”.
