Durante más de 15 años, Michoacán ha vivido bajo la sombra de la violencia generada por grupos criminales que hoy, ante la debilidad de algunas instituciones y con el poder de la amenaza y el miedo, controlan no sólo el trasiego de drogas y precursores en la entidad sino el comercio formal e informal y las cadenas productivas y golpean la vida política municipal.
Duele la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Duele porque fue un hombre de familia y comprometido con su pueblo, que denunció sin miedo a criminales, porque ante la amenaza pidió apoyo federal en su municipio y no siempre le hicieron caso, porque evidenció que Calderón, Peña y AMLO fracasaron en la lucha contra el crimen en suelo michoacano... porque se silenció una voz que se había alzado contra el temor.
La muerte de Carlos Manzo es una tragedia. Lo mataron a mansalva en el corazón de Uruapan durante un festiva por el Día de Muertos. Lo asesinaron a pesar de que había al menos tres cinturones de seguridad: el de la Guardia Nacional, el de la Policía Municipal y su escolta personal. Abrazó y besó a sus hijos antes de morir.
Flores desde Montreal
En Las Batallas dimos cuenta, hace tres entregas, de cómo fracasó una inversión de 45 mil millones de pesos que desplegó en 2014 el gobierno de Peña Nieto para desactivar las autodefensas del Doctor Mireles, Hipólito Mora y Juan José Farías “Papá Pitufo”; se habían sublevado para enfrentar a balazos a los criminales que los extorsionaban, secuestraban y asesinaban.
Fue una inversión histórica para “pacificar” Michoacán. Se dieron 350 mil becas a estudiantes, apoyos para vivienda a 24 mil familias, apoyos económicos para 115 mil adultos mayores, se incorporaron a 26 mil familias a programas sociales, se recuperaron espacios públicos. Fueron 250 acciones en total. Y fracasaron… pues las cosas siguen igual o peor.
Mataron a Carlos Manzo, pero también mataron a la alcaldesa de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza; al presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida, y al edil de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, y también al alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero y al de Churumuco, Guillermo Torres Rojas y a la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, y el secuestro del edil de Penjamillo, Gilberto Mejía Salgado. Eran políticos del PRI, PAN, Morena, PES, ningún partido está a salvo.
Y hace apenas unos días mataron a Bernardo Bravo, líder de los productores citrícolas, a Alejandro Torres Mora —sobrino de Hipólito Mora— y hace algún tiempo a Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca. Todos, políticos y activistas, tenían el común denominador de levantar la voz contra la violencia en Michoacán.
Si esto pasa con los líderes políticos y sociales de Michoacán, valdría la pena echar un vistazo a lo que les ocurre a los ciudadanos de a pie, a los que viven y trabajan en las pequeñas ciudades, pueblos, rancherías y comunidades del estado. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que con 1,024 víctimas —de septiembre de 2024 a septiembre de 2025—, Michoacán se encuentra entre las 7 entidades que concentran el 51% de los homicidios dolosos del país.
Algún trasnochado pudiera echar maromas para lucir las cifras a la baja de delitos del fuero común, pero vayamos con rigor histórico también con cifras del SESNSP: En 2015 se cometían en Michoacán 16.35 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, en un año se dispararon a 26.78, promedio que se mantuvo hasta 2018; pero en 2019, ya con el gobierno de AMLO, el delito detonó a cifras de 35.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2020 subió a 40.91, en 2021 a 45.92, en 2022 bajó a 40.17, en 2023 a 29.05, en 2024 a 24.93 y a septiembre de 2025 la media es de 17.21 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Y pudiéramos ver evoluciones similares en delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo y asalto a transeúnte. En general aún no regresan al escenario que tenían en 2015, que de por sí ya era grave.
Ahora mataron a Bernardo Bravo y la gente se inconformó, mataron a Carlos Manzo y la gente estalló y tomó por algunos minutos el Palacio de Gobierno del Estado… pero ahí sí intervino la fuerza pública y arrestó a una decena de personas que clamaban justicia. Y anoche, en medio de protestas, incendiaron el palacio de Gobierno de Apatzingán.
En sectores sociales michoacanos, me dicen, esperan una acción contundente del gobierno federal para, por fin, devolver la paz y tranquilidad al estado.
