En los últimos días, organizaciones de la sociedad civil en Honduras solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de sus integrantes, ante lo que consideran un clima de presión política y amenazas a su autonomía institucional, de cara a las elecciones del 30 de noviembre.
El caso hondureño no es aislado: forma parte de un patrón regional cada vez más evidente de acoso y hostigamiento a autoridades electorales, con consecuencias preocupantes para la estabilidad democrática.
En Guatemala, en 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Palencia, y otros funcionarios, tras denuncias de persecución penal y amenazas derivadas de su actuación durante las elecciones generales. La Fiscalía guatemalteca incluso solicitó retirar la inmunidad de magistrados, allanó sedes del órgano electoral y buscó suspender la personalidad jurídica del partido ganador. En Ecuador, ese mismo año, el proceso electoral se desarrolló en un ambiente de fuerte polarización y presiones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), con cuestionamientos públicos a su imparcialidad y amenazas a consejeros, lo que llevó a la OEA y a IDEA Internacional a alertar sobre un “deterioro de la confianza en los árbitros electorales” (IDEA International, Global State of Democracy 2023: The Americas).
Ocurrencia mediática
No obstante que no ha sido sujeto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, México no es la excepción. Basta recordar el acoso del Gobierno federal anterior al INE, incluyendo denuncias penales y el actual procedimiento de responsabilidad administrativa, iniciado por el contralor del INE a integrantes de su Consejo General, por el único motivo de ejercer su autonomía e imparcialidad.
Estos casos no son meros incidentes aislados: revelan un patrón de debilitamiento institucional en el corazón del sistema electoral latinoamericano. Según IDEA, más de una docena de países de la región han registrado retrocesos en los indicadores de independencia judicial y de organismos electorales entre 2015 y 2023. Cuando el árbitro es tratado como parte de la contienda, se erosiona el principio de neutralidad y se rompe el pacto mínimo de confianza que sostiene la democracia representativa. Por ello es tan relevante que las autoridades electorales actúen de forma imparcial.
El asedio institucional contra los órganos electorales —por vías judiciales, presupuestales o mediáticas— es hoy una de las amenazas más graves al pluralismo político en la región. La respuesta no puede limitarse a la denuncia: urge fortalecer los mecanismos de protección a las autoridades electorales, garantizar procesos de designación transparentes y activar redes regionales de defensa de la integridad electoral. Si los árbitros son los próximos en caer, lo que se derrumba no es una institución: es la credibilidad misma del voto como fundamento de la democracia.
Posdata. Es de reconocer la labor de la magistrada Janine Otálora, quien acaba de concluir su mandato en la Sala Superior. Las autoridades electorales requieren de personas íntegras e imparciales como ella.
