Desde enero del 2025, cuando se publicó la ley para prohibir los vapeadores en México, decíamos que este hecho le abría la puerta al mercado ilícito, un negocio millonario y, además, no habría controles sobre las sustancias que contienen y tampoco la calidad de éstos.
No nos equivocamos, ahora los distintos grupos criminales manejan este mercado y, además, en algunos casos rellenan estos productos de drogas ilegales.
Se acaba de publicar un estudio de Defensorxs sobre cómo los vapeadores se han convertido en el nuevo negocio del crimen organizado. Son siete grupos en México los que manejan el mercado ilegal: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y La Unión Tepito.
Ahora sí, a transparentar concesiones
Platicamos con Carlos Balmen, periodista especializado en seguridad y uno de los realizadores del estudio titulado: Humo, vapeo y poder, elaborado por Defensorxs.
Lo que sucedió es que, tras la prohibición, las personas que ya vapeaban simplemente pasaron del mercado regulado al mercado negro. Y ese mercado negro, según Balmen, vale hoy alrededor de 20 mil millones de pesos anuales, una “bolsa chica” que, sin embargo, financia la maquinaria violenta de cárteles y grupos criminales que utilizan estos ingresos para comprar armas, vehículos, radios encriptados y pagar sobornos. El mismo vendedor que surte cocaína, fentanilo o armas, es ahora quien los distribuye.
De las siete organizaciones criminales que participan en este mercado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el que más territorio ha ganado gracias a la prohibición. Tiene presencia en 31 de los 32 estados del país, prácticamente en todos excepto Yucatán. Es el grupo que mejor ha integrado los vapeadores a su estructura. No sólo los vende: los utiliza como moneda de intercambio social.
El CJNG ha convertido al vapeador en una herramienta para ganar lealtades. En fiestas patronales, eventos comunitarios o incluso en situaciones de desastre como las inundaciones recientes en Veracruz y Puebla, el cártel reparte vapeadores y cajetillas ilegales para reforzar la idea de que “el cártel sí está con la gente”. El mensaje es claro: mientras el Estado prohíbe y criminaliza, ellos “resuelven”, aunque sea con productos ilegales. Es una estrategia de control social que fortalece su presencia territorial.
La segunda organización con mayor participación es el Cártel de Sinaloa, con actividad en 28 de los 32 estados.
A diferencia del CJNG, que utiliza el vapeador como herramienta social, este grupo lo usa para financiar su guerra interna: Los Chapitos contra La Mayiza. Cada facción controla las marcas, la distribución y las cuotas. Vender vapeadores sin permiso puede costar la vida.
¿YA NO FUMAN?
Balmen mencionó un caso estremecedor ocurrido en Guasave, Sinaloa, en diciembre de 2023: dos jóvenes fueron desnudados, torturados y obligados a caminar por la calle con un letrero que decía: “Esto me pasó por vender vapeadores sin permiso”. ¿Permiso de quién? De Los Chapitos. El vapeador, en este contexto, es combustible para una guerra que se ha extendido ya a varios estados.
La Nueva Familia Michoacana, aunque opera en menos estados, ha convertido el mercado de vapeadores en un instrumento de control social y extorsión. En su bastión del sur del Estado de México, obliga a los comerciantes a vender las marcas que ellos distribuyen y a pagar cuotas por cada pieza vendida.
Uno de los hallazgos más reveladores del estudio es la existencia de una empresa criminal llamada La Distribuidora del Sur, operada por esta organización. Esta pseudoempresa imprime códigos de barras en sus cajetillas y vapeadores para llevar un inventario digital de ventas.
El nivel de sofisticación muestra cómo los cárteles han dejado de ser simples traficantes de droga para convertirse en conglomerados criminales que operan mercados ilícitos de todo tipo.
El grupo liderado por El Pez y La Fresa, también responsables de extorsiones en materiales de construcción, trata de personas y huachicol de agua, ha sumado los vapeadores como una fuente más de ingresos y control.
Cárteles Unidos, coalición armada que opera principalmente en Michoacán, utiliza los vapeadores de manera similar al Cártel de Sinaloa: como una fuente de financiamiento para la guerra contra el CJNG y sus aliados.
En municipios donde tienen presencia, sólo se permiten ciertas marcas. Las ganancias sirven para adquirir explosivos, drones artesanales y armamento de alto poder.
El vapeador ilegal en esta zona está directamente ligado con la compra de material bélico que alimenta uno de los conflictos más sangrientos del país. En el caso del Cártel del Golfo, los vapeadores se han integrado a sus operaciones mediante las rutas fronterizas que conectan Tamaulipas con Texas. Cuando no se mueve fentanilo, armas o migrantes, se mueven vapeadores y tabaco ilegal. Esto mantiene operativas las rutas las 24 horas, lo que bloquea la entrada a grupos rivales.
Para el Cártel del Golfo, este producto es de bajo riesgo que permite mantener aceitada la estructura logística que utilizan para delitos de alto impacto.
El Cártel del Noreste, heredero de Los Zetas, utiliza este mercado para mantener viva su marca criminal en los pocos territorios donde continúa activo. Para ellos, los vapeadores representan una oportunidad de supervivencia: un mercado con bajo riesgo y ganancias rápidas, que les permite mantener presencia pese a las fracturas internas y la presión de otros grupos.
Para Balmen, la diferencia es que, por ejemplo, con fentanilo o cocaína, difícilmente se realizan operativos de gran escala contra vapeadores. Esto reduce el riesgo y permite que la organización mantenga su sello de terror con un negocio que muy pocas autoridades persiguen.
Finalmente, está La Unión Tepito, que no es un cártel nacional, pero sí la organización criminal más influyente en la Ciudad de México. Ha logrado el control casi total de la venta de vapeadores en la capital. Recluta a vendedores a la fuerza: identifica a quienes venden dulces o cigarros sueltos en la calle y los obliga, bajo amenazas, a vender vapeadores. Si no cumplen con las cuotas, las consecuencias pueden ser mortales.
La Unión no sólo controla la distribución: controla las calles. Y cada vapeador comprado ilegalmente en zonas como Polanco, Condesa o Roma termina financiando esta estructura criminal. El estudio también revela que entre el 80 y 90% de los vapeadores ilegales que circulan en México provienen de Asia, principalmente de fábricas clandestinas en China.
Entran por los mismos puertos donde llegan los precursores químicos para la metanfetamina y el fentanilo, que son los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Además del impacto criminal, la prohibición dejó al usuario en un estado de vulnerabilidad absoluta. Antes, un vapeador regulado pasaba por estándares mínimos de seguridad: baterías, líquidos, concentraciones, certificaciones. Hoy nadie sabe qué está consumiendo. Muchos dispositivos contienen restos de marihuana, cocaína o incluso fentanilo.