La Fiscalía de Guanajuato fue hackeada a principios de este mes. Si bien, ninguna institución está exenta de ataques de este tipo, la forma de gestionar la crisis, por el equipo de Gerardo Vázquez Alatriste, sí es reveladora de deficiencias y de zonas más que brumosas sobre una preocupante fuga de información y del daño causado con ello.
Hicieron todo lo que no se debe hacer en esos casos: negaron en un inicio, minimizaron y luego aceptaron, aunque con los quebrantos a la credibilidad que se autoinfligieron.
El fiscal Vázquez Alatriste, para tratar de salir al paso, señaló que no se explicó con la claridad debida, “porque se trata de una investigación en curso”.
Reconocimiento al Ejército
Lo que ahora ya se sabe es que “la afectación fue sólo del 1.7% de la infraestructura tecnológica”, lo que se determinó por un análisis técnico y forense que, por lo demás, comprobó que existió una “intrusión no autorizada”.
¿Cuánto es esto? No lo sabemos, pero si tomamos en cuenta que el grupo de atacantes señaló tener en su poder 250 Gigabytes, es algo así como 77.5 millones de páginas de texto. Los hackers filtraron, hasta ahora, 10 Gigabytes.
Pero más allá de cálculos que, insisto, tienen que ser precisados una vez que se conozca el alcance del hackeo y que concluyan las investigaciones que está haciendo la propia Fiscalía, es la calidad de lo sustraído, ya que ahí pueden estar archivados documentos sensibles, expedientes penales, informes de investigación confidenciales, víctimas, presuntos delincuentes y registros de personal y operaciones, entre otros aspectos, aunque la Fiscalía insiste en que “los datos personales no están en riesgo”.
Hay preguntas más que pertinentes: ¿cómo se están utilizando los recursos?, ¿cómo es posible que la infraestructura digital se encuentre con esos grados de vulnerabilidad?, ¿por qué no se encendieron las alarmas antes de que el desastre fuera del dominio público?
En el fondo, las probables respuestas añaden una capa más de riesgo a la propia seguridad y a las estrategias que se están implementando.
Es evidente que de poco sirven los pretextos, porque salvaguardar la información de la institución encargada de procurar justicia es no sólo estratégico sino vital para cualquier planteamiento de éxito en sus tareas.
Guanajuato es un estado que la está pasando mal, desde hace tiempo, en el tema de la seguridad. Durante años existió una suerte de guerra fría con el Gobierno federal porque no querían al fiscal Carlos Zamarripa y por eso, a principios de este año, se realizó el relevo y llegó Vázquez Alatriste.
Lo peor que se puede hacer es tratar de descafeinar el problema en lugar de implementar soluciones de fondo, sobre todo en un panorama donde más de un grupo criminal estaría deseoso de obtener los archivos de la propia Fiscalía.
Los hackers siempre estarán a la vuelta de la esquina, pero las instituciones de seguridad tienen que estar preparadas.
