La Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Quincy Adams, y el presidente James Monroe, aunque diseñada por el primero, fue un fuerte posicionamiento del vecino del norte a favor de la forma republicana de gobierno en todo el continente y un acto de identificación con las nuevas repúblicas que surgían de este lado del Atlántico y en contra de los intentos de reconquista de la monarquía española y la Santa Alianza.
La frase “América para los americanos” insertada en aquel documento aludía, en su sentido original, a Estados Unidos y a la parte hispanoamericana del continente americano, desde Buenos Aires hasta Filadelfia. Con excepción de Brasil, Canadá y algunas islas del Caribe, esa gran región americana estaba compuesta por repúblicas. Los más fervientes líderes políticos e intelectuales de las independencias hispanoamericanas —Bolívar, Mier, Rocafuerte, Vidaurre, Heredia, Olmedo…— estuvieron de acuerdo con la Doctrina Monroe.
A medida que se fueron consolidando los Estados Unidos y adoptando una política expansionista, el sentido de la Doctrina Monroe fue cambiando. En las diversas fases de esos cambios, la reformulación de la política de Washington hacia América Latina se presentó como “corolarios” sucesivos a la Doctrina Monroe. Poco a poco, el sentido original de aquella premisa republicana, contraria a los intereses de las monarquías europeas, se fue modificando.
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Un primer corolario se produjo en los años de la guerra de Estados Unidos contra México, entre 1845 y 1848. En la revista Democratic Review de Nueva York, en 1845, John L. O’Sullivan publicó un artículo que sostenía que Estados Unidos debía asumir una misión civilizatoria en las naciones “bárbaras” del Sur, colonizadas por España, y proceder a la anexión de buena parte de México.
En los años posteriores a 1898, cuando Estados Unidos derrotó a España en Puerto Rico, Cuba y Filipinas y se agenció el dominio de esas islas, se pronunció un nuevo corolario a la Doctrina Monroe. Fue entonces la primera vez que la premisa diplomática de Adams y Monroe fue explícitamente enmendada. En 1904, en medio del bloqueo naval de Venezuela por Gran Bretaña, Alemania e Italia, el presidente Theodore Roosevelt reclamó el derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país latinoamericano en caso de guerra civil, anarquía o intervención europea.
Durante la larga Guerra Fría, aunque no se presentara como corolario, Estados Unidos sistematizó el intervencionismo en América Latina y el Caribe, bajo el subterfugio de la lucha contra el comunismo. Invasiones, golpes de Estado, derrocamiento de presidentes democráticos y apoyos a dictaduras militares se llevaron a cabo en toda la región. La potencia extranjera rival era la Unión Soviética, pero el intervencionismo no siempre se dirigió contra el comunismo prosoviético.
Ahora la Casa Blanca anuncia el así llamado “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. En un breve mensaje publicado el pasado 2 de diciembre, Trump señaló que, así como en los siglos XIX y XX, Estados Unidos se enfrentó a las potencias europeas, el fascismo y el comunismo, ahora debe asegurar el control hemisférico frente a nuevas amenazas externas e internas. La principal amenaza externa sería China, mientras que la interna provendría del narcotráfico y la inmigración.
Sin mencionar por su nombre a China, Trump asegura que Estados Unidos “ha restaurado el acceso privilegiado al Canal de Panamá”. Dice a continuación, en evidente alusión al reciente despliegue naval en el Caribe y el Pacífico, que Estados Unidos “ha restablecido su dominio marítimo”. Además de anunciar nuevos tratados comerciales con gobiernos aliados, como los de Argentina, Ecuador y El Salvador, también presume de haber contenido el ingreso de “drogas mortales” y “extranjeros ilegales” desde la frontera con México.
