Uno de los temas que vale la pena tocar en el marco del Día de los Derechos Humanos es el de la violencia política de género contra mujeres en cargos públicos de liderazgo, puesto que nuestro país está atravesando un contexto histórico donde nos está gobernando una mujer, y la paridad de género en espacios de representación ha alcanzado niveles bastante altos.
En este sentido, vale la pena revisar cómo funciona en la práctica y qué obstáculos siguen enfrentando las mujeres a la hora de ejercer estos puestos de liderazgo.
¿Cómo se presenta la violencia política de género hacia las mujeres que gobiernan? A pesar de que la legislación en México sea muy clara en estos temas, la violencia está tan normalizada que muchas funcionarias enfrentan impedimentos, campañas de desprestigio, agresiones digitales, campañas de difamación, hostigamiento, incluso, pueden padecer ataques físicos.
Parece que Yunes y Cortés ya se traían ganas
Desde la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en 2020, ya se han inscrito y sancionado a cientos de personas por conductas que atentan contra la participación política femenina. Según el propio INE, hasta mediados de 2024, habían sido registradas y sancionadas 363 personas por esta causa (289 hombres y 74 mujeres).
Sin duda es un tema complejo, además de que esta violencia existe y es real, tenemos por otro lado, personas, mujeres funcionarias, incluso, que son capaces de usar mecanismos para combatir la violencia política de manera deshonesta, como el caso de “dato protegido”, donde vimos que la funcionaria Diana Karina Barreras argumentó violencia de género a un ejercicio completamente legítimo de libertad de expresión por parte de la ciudadana Karla Estrella Murrieta.
Recordamos cómo Alessandra Rojo fue acusada injustamente de violencia política contra la candidata Caty Monreal, con tal de quitarle el triunfo, y la violencia que recibió Grecia Quiroz por el senador Gerardo Fernández Noroña.
La violencia política de género no puede usarse como instrumento para silenciar críticas legítimas, por eso necesitamos criterios claros, transparentes y prestablecidos para clasificar este tipo de violencia.
Está claro que hoy, al tener las cifras más altas de paridad de género en cargos públicos que en ningún otro momento, vamos a enfrentar mayor cantidad de violencia política de género y es, entonces, cuando nos damos cuenta de que la paridad en cargos públicos es un punto de partida, no de llegada.
Contar con mujeres en posiciones de poder no garantiza que puedan ejercerlo en condiciones de igualdad frente a los hombres. Gobernar bajo amenazas, bajo vigilancia digital invasiva, entre rumores misóginos o presiones institucionales, no es gobernar en libertad.
Y si las funcionarias o las ciudadanas se ven obligadas a navegar entre ataques constantes, la democracia corre peligro. Sin embargo, algo que podemos ir dejando claro es: criticar a una mujer en el poder no es violencia política de género; atacarla por ser mujer sí lo es y en estos casos es urgente actuar en consecuencia.
