La operación estadounidense en Venezuela marca un antes y un después en la historia de las relaciones internacionales. Algunos señalan que este tipo de intervenciones son típicas de Washington: golpes de Estado, cambios de régimen, invasiones en el continente americano y cientos de operaciones encubiertas.
Sin embargo, hay una característica que distingue esta intervención de las anteriores. Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos reconoce explícitamente que el motivo de sus acciones es controlar los recursos de un país y, en la práctica, gobernarlo para asegurar sus intereses económicos y políticos. Esta diferencia, que puede parecer sutil, marca un verdadero parteaguas en la historia de la posguerra.
Desde principios del siglo XIX, a veces con mayor intensidad que en otras ocasiones, Estados Unidos ha intervenido en el continente americano. Estas intervenciones siempre estuvieron enmarcadas en una narrativa ideológica clara. Primero fue la Doctrina Monroe, en el siglo XIX, que rechazaba la intervención europea en América; después, en el siglo XX, el combate al comunismo; y, desde 1990, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia. Sin lugar a dudas, estas narrativas sirvieron muchas veces como pretextos para ocultar intereses económicos y políticos.
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No obstante, hay una diferencia sustancial entre una invasión en nombre de la democracia, de la lucha contra el narcotráfico o de la libertad, y una intervención cuyo objetivo declarado es el control de los recursos naturales de otro país, aun cuando ambas puedan producir resultados similares. Esta diferencia se manifiesta en dos aspectos. El primero es político.
Para justificar sus intervenciones, durante décadas los presidentes estadounidenses tuvieron que convencer a sus congresos y, en muchos casos, a la opinión pública de la legitimidad de sus acciones antes de llevarlas a cabo. Este proceso político ejercía un control parcial sobre el poder y la arbitrariedad presidencial, y la oposición contaba con las herramientas del sistema democrático para cuestionar estas decisiones. Además, estas narrativas, casi siempre formuladas en términos positivos, imponían límites claros al tipo de acciones que los presidentes podían tomar. Trump llevó a cabo una intervención militar de gran escala sin el apoyo del público y sin siquiera notificar al Congreso. Cuando un presidente no tiene que convencer a nadie, sus acciones tienden a ser más irresponsables, agresivas e impredecibles.
Esto nos conduce a la segunda consecuencia: el mensaje que se envía a la comunidad internacional. Con esta acción, Estados Unidos pierde legitimidad para condenar intervenciones similares de otras potencias. Si bien las instituciones y organizaciones internacionales, así como los principios del derecho internacional, han sido insuficientes para preservar plenamente la estabilidad global, y a pesar de las fallas de las instituciones democráticas de la posguerra, estos mecanismos han servido, sin duda, como un contrapeso importante al poder de los gobernantes para hacer la guerra o intervenir en otros Estados.
Estados Unidos, aunque muchas veces sólo de manera nominal, fue la fuerza principal detrás de muchos de estos arreglos. Un mundo en el que prevalece únicamente la lucha por el poder –económico, político y militar— y no un conjunto de normas, acuerdos y valores que regulen la conducta de los Estados, es sin duda uno mucho más peligroso.
