El desalojo de más de novecientos perros y gatos de un predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, realizado el pasado 7 de enero, provocó una polémica entre activistas por los derechos de los animales, el Gobierno de la Ciudad de México, diversas autoridades de la CDMX, el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama.
Los directivos del refugio señalaron que el desalojo se realizó de forma ilegal y apresurada, al no respetarse una orden federal vigente que impedía cualquier acción sobre el inmueble. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que actuó una vez realizados los peritajes oficiales que acreditaban que los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento, maltrato y desnutrición.
Por otra parte, la Fiscalía capitalina dio a conocer que ese mismo día fueron hospitalizados 20 ejemplares debido a su precaria condición de salud, mientras que otros 21 fallecieron, ya que presentaban enfermedades sistémicas y múltiples padecimientos. Además, se detectó el uso de medicamentos caducos.
Respecto al operativo de desalojo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que se dispuso de más de 200 elementos, incluidos efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, Tránsito y la Policía Metropolitana. Los animales fueron trasladados a diversos refugios, mientras que 304 de ellos quedaron bajo custodia en tanto se les encontraba un espacio definitivo.
Por su parte, los directivos del Refugio Franciscano rechazaron las acusaciones de maltrato y sostienen que el operativo se realizó de manera “violenta e inhumana”, afirmando que se trató de un desalojo disfrazado de rescate animal. Asimismo, señalaron que, durante los 28 días previos al desalojo, el inmueble permaneció cerrado y bajo el control de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, sin acceso para su personal ni para especialistas, lo que provocó el deterioro en la salud de los animales.
Todo lo anterior se deriva de un juicio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, quienes mantienen una disputa legal por la posesión del inmueble. Cabe señalar que dicho inmueble fue vendido por la Fundación, con la autorización de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, al Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 303, el 10 de noviembre de 2020, mediante la escritura número 41545, ante el licenciado Celso de Jesús Pola Castillo, titular de la Notaría 244 de la Ciudad de México, en precio de 650 millones de pesos, moneda nacional, y no por 650 mil pesos, como erróneamente se ha difundido en diversos espacios, mencionando que se trataba de “una venta fraudulenta”, lo cual es incorrecto y sólo generó ruido mediático.
Una de las cuestiones es que la fundación se obligó a proporcionar al Refugio Franciscano un predio con una superficie de cinco mil metros cuadrados para sustituir el inmueble que actualmente ocupa en comodato, con el fin de que continuara funcionando como refugio de animales, compromiso que aparentemente no se cumplió y que ha generado gran parte del conflicto.
Por lo anterior, lo más conveniente sería transparentar la situación y aclarar los términos del juicio, así como la intervención de las autoridades, ya que un operativo tan amplio como el realizado requiere un importante impulso procesal y económico para llevarse a cabo, además de esclarecer el papel que desempeñó la Fundación en el desalojo. Hay muchas preguntas y pocas respuestas.