Durante la Revolución Francesa, la libertad de expresión fue elevada a principio fundacional del nuevo orden.
Sin embargo, en la práctica, esa libertad estaba reservada a una élite ilustrada que se asumía moral y culturalmente superior. Los ciudadanos que provenían de sectores populares, muchos de ellos hablantes de dialectos regionales y no del francés “correcto”, eran objeto de burla, exclusión y desdén. No se les cuestionaba por lo que decían, sino por “quienes eran”. Hablar distinto equivalía a pensar distinto, y pensar distinto era motivo suficiente para descalificar. Así, la libertad dejó de ser un derecho universal y se convirtió en una herramienta para marcar jerarquías, para decidir quién podía opinar con legitimidad y quién debía limitarse a obedecer.
En México, algo muy parecido ocurre hoy con el Poder Judicial. No se trata de estar a favor o en contra de la reforma, ni del método de elección, ni siquiera de los perfiles que hoy ocupan las magistraturas. Lo que estamos viendo es que muchas de las críticas dirigidas a los nuevos ministros no parten de un análisis serio, sino de un clasismo evidente. El sólo hecho de que el ministro presidente, Hugo Aguilar, se asuma indígena incomoda a quienes no están acostumbrados a reconocer que el México real es diverso y que la mayoría del país no se parece a su entorno social. Es clasismo puro, porque hoy no soportan ver que quienes antes eran invisibles lleguen a ocupar espacios de decisión y poder, como el de impartir justicia.
¿Cambios en el Interoceánico?
El debate sobre las camionetas blindadas es el mejor ejemplo de esa hipocresía. Los ministros siempre han tenido escoltas, vehículos especiales y medidas de seguridad acordes al cargo que desempeñan. Nunca fue tema cuando eran designados por una élite que se asumía superior y pertenecían al mismo círculo social de quienes hoy se expresan indignados. Hoy, de pronto, adquirir un vehículo para su protección se vuelve pecado. No porque no sea necesario, sino porque lo usan ministros que no responden al molde tradicional del poder. Resolver asuntos que tocan intereses criminales, políticos y económicos exige seguridad, no austeridad. El problema para ellos no es la camioneta. El problema, sencillamente, es quién va sentado en ella.
La Presidenta Claudia Sheinabum fue clara en su conferencia matutina, desnuda la hipocresía con la que se trata el tema, por ejemplo, expuso las remuneraciones de los anteriores ministros, las cuales eran de 206 mil 947 pesos, contra los 134 mil 310 pesos de los actuales, también detalló que en “la Corte de antes” había recursos para chequeos médicos, becas, medicinas complementarias, apoyo de alimentos, telefonía y material bibliohemerográfico, además de gastos en áreas de atención a ministras y ministros. La Presidenta explicó que se cancelaron 59 apoyos de los 149 que existían, así como la cancelación de beneficios, como seguro de gastos médicos mayores con el que gastaban hasta 36 mil 906 pesos mensuales.
Mientras el poder fue un asunto de élites, los que hoy se indignan no dedicaron ni una letra a criticar gastos o presupuestos de los anteriores. Cuando los que antes eran excluidos hoy ocupan espacios de decisión, la crítica es furiosa. No es una defensa de la justicia ni de la austeridad. Es la reacción de quienes no soportan que el poder ya no les pertenece. La historia lo demuestra, cuando los que tenían el control y lo perdieron, lo primero que hacen es cuestionar la legitimidad de quienes llegan.
Reenviado.
“El ministro puede andar como cualquier ciudadano común. Podemos ir a campo, pues si hay necesidad, en el autobús o en nuestros propios vehículos. Yo en mi persona, puedo andar hasta en el Metro, no tengo problema”.
-Hugo Aguilar Ortiz
Ministro presidente de la SCJN
