En el caso de la pedrera Matrimar, de los hermanos Martínez Gutiérrez, el expediente sigue creciendo. Esta semana la empresa emitió un comunicado dirigido a medios de comunicación en Nuevo León, en el que rechaza que su clausura esté vinculada con la existencia de pozos clandestinos o tomas ilegales de agua, como se ha difundido en notas recientes. La compañía sostiene que durante años ha sido auditada por autoridades ambientales federales y estatales sin que se hayan detectado cauces, desvíos ni aprovechamientos irregulares dentro de su área de operaciones, y afirma que el cierre no tiene relación alguna con el tema del agua.
Añade, además, que instancias judiciales y revisiones gubernamentales en materia ambiental, fiscal y operativa le han dado la razón, mientras 500 familias permanecen sin ingreso por la suspensión de actividades.
El pronunciamiento de Matrimar se da en un contexto enrarecido dentro del propio sector. En el gremio pedrero, en la industria de la construcción se comenta que el conflicto va más allá de un expediente técnico y que forma parte de un patrón de presión administrativa del Gobierno estatal, que encabeza Samuel García, al utilizar inspecciones ambientales, Protección Civil y otros mecanismos regulatorios como instrumentos de negociación económica. En esos círculos se habla de “cobros extraordinarios” y de criterios aplicados con discrecionalidad, donde algunas empresas enfrentan cierres y otras continúan operando bajo esquemas más flexibles.
¿Cambios en el Interoceánico?
Así, el caso Matrimar comienza a leerse como algo más que una disputa por agua o emisiones: se inserta en una narrativa más amplia sobre la forma en que el Gobierno de Nuevo León ha venido gestionando su relación con sectores productivos estratégicos. Para algunos empresarios, la clausura de la pedrera no sólo refleja un diferendo ambiental, sino también la fragilidad de los acuerdos políticos y económicos en un entorno donde la regulación se ha vuelto, cada vez más, una herramienta de poder.
Aliados aduanales. La Secretaría de Economía (SE) fue la sede para anunciar a los nuevos aliados de la iniciativa ImpulsAA México, mediante la cual el Gobierno de Claudia Sheinbaum busca fortalecer el desarrollo logístico, aduanal y económico del país, con el propósito de construir un comercio exterior más competitivo, moderno y alineado a las mejores prácticas internacionales. Los nuevos aliados son la Concanaco, Comce, AMANAC, AMA, Canacintra, AMDA, Amacarga, ALACAT, la Universidad Anáhuac, IATA, Validacarga, Conalog, ANMEC, AMTI, AML y la ANIERM, cuyo anuncio fue realizado por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), representada por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, presidente de CAAAREM. Esta incorporación cobra relevancia para arrancar las primeras acciones conjuntas en materia de buenas prácticas.
Pronósticos de crecimiento. La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en Palacio Nacional una reunión con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y representantes de la Asociación de Bancos de México, para analizar las perspectivas económicas del país para este año, en un encuentro en el que también estuvieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y Emilio Romano. Analistas de bancos y casas de bolsa estiman que la economía mexicana crecerá 1.3 por ciento en 2026 y se acelerará a 1.8 por ciento en 2027, y otros más pesimistas, donde pese a la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC, y otros temas económicos, aún mantienen en alerta a los que conducen los intereses de la economía del país.
Voz en off. En la revocación de mandato del morenista Salomón Jara en Oaxaca, hubo un éxito propio de análisis, de estudio, de esos que se vuelven reconocidos honoríficos de doctorados. El diputado Nicolás Feria presumió meter 47 mil votos en un municipio de sólo 34 mil 609 habitantes, lo que ha dado pie a innumerables señalamientos, quizá se defienda diciendo que lo que presumió agrega a todo el distrito 07 local de Oaxaca. Aun con eso, y la entrega de mantas a cambio de votar por la permanencia del gobernador Jara, a este también expresidente municipal Feria Romero, se le señaló no hace mucho de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado (AEGF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de no haber podido comprobar más de 30 millones de pesos, como presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, que le fueron asignados para la realización de al menos 30 obras para cinco comunidades indígenas…
