Son tiempos de solidaridades encontradas en el Caribe. Los dos últimos bastiones del bloque bolivariano, Cuba y Nicaragua, protagonizan en estos días una de esas escenas contradictorias, que luego los poderes acomodaticios intentan escamotear para proteger sus símbolos. Decisiones tomadas bajo presión, como la suspensión de suministros petroleros de México a Cuba, se presentan como “soberanas”. Y decisiones soberanas, como colaborar con el control migratorio de Estados Unidos, desde La Habana, se esgrimen como gestos de negociación y diálogo con Washington.
En 2021, año del estallido social en Cuba, cuando decenas de miles de cubanos salieron a las calles de la isla a protestar pacíficamente contra el gobierno habanero, Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminaron el requisito de visado para los emigrantes cubanos. La decisión, como otra similar tomada por el presidente Rafael Correa en Ecuador, buscaba ofrecer a los ciudadanos inconformes de la isla una ruta de escape hacia Estados Unidos, a través de la peligrosa peregrinación por Centroamérica y México, hasta la frontera con Estados Unidos.
En aquel momento, Joe Biden gobernaba EU y las caravanas de migrantes caribeños y centroamericanos eran tanto un mecanismo de descompresión de las dictaduras bolivarianas como un desafío a la seguridad fronteriza estadounidense. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poco dado a una política exterior activa, tuvo que tomar cartas en el asunto y entre 2022 y 2023 promovió iniciativas diplomáticas para contener el flujo migratorio desde esas regiones.
Doña Layda, al buen entendedor…
Ahora Cuba sufre un cerco energético por parte de Estados Unidos, luego de la orden ejecutiva de Donald Trump el pasado 29 de enero, que provocará un agravamiento de las condiciones de vida en la isla. Ante la posibilidad de un nuevo éxodo masivo desde el Caribe, el mismo gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decide revertir su política de puertas abiertas de 2021 e impone visas de ingreso a los cubanos.
La medida no sólo favorece a Donald Trump y a Marco Rubio, quien desde mucho antes de ser Secretario de Estado ha mostrado una especial antipatía por las nuevas diásporas cubanas —a las que considera, en sintonía con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, grupos de “emigrantes económicos”—, sino a otros gobiernos vecinos, como los de Laura Fernández en Costa Rica, Bernardo Arévalo en Guatemala y Claudia Sheinbaum en México, que tendrían que hacerse cargo de esas oleadas de migrantes cubanos en su travesía hacia Estados Unidos.
Aunque en la práctica se solidaricen con Trump, como Sheinbaum al suspender los envíos de petróleo a la isla, Ortega y Murillo escenificarán en los próximos días una de esas coreografías de demagogia antiimperialista, estilo Maduro, en la que no faltarán vivas a Cuba y a sus dirigentes. Así de solidaridades ambivalentes va el asunto en el gran Caribe, en este rearme geopolítico de la región.
