Hacia el final del año se dio el brutal asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan. Fue un acto que sacudió al país, porque existían indicios de que algo así podía suceder, y porque lo sucedido evidenció el estado de vida, bajo el cual vivimos. Fue un asesinato a la vista de todos, a lo que se suma que Carlos Manzo había denunciado que tenía amenazas de muerte.
Se hicieron muchas promesas bajo la cantaleta de que las cosas cambiarían. Partieron de un punto equivocado, toda la estrategia para Michoacán se diseñó desde la CDMX. Las cosas no han cambiado en el estado. Buena parte del problema se centra en el gobernador, pero ya se sabe que, en este gobierno, el anterior y en Morena no se toca a los suyos, de no ser que sean muy cercanos y tengan cargos estratégicos.
Ya se vio que no es lo mismo el detenido alcalde de Tequila que un gobernador o gobernadora, que un secretario del Estado, que un legislador o legisladora; digamos que hay de cercanos a cercanos.
Doña Layda, al buen entendedor…
El asesinato de Carlos Manzo refleja lo que pasa en el país. Un presidente municipal puede ser atacado en medio de una festividad local a la vista de todos, en tanto que otro puede estar ligado al narcotráfico, ser intocable hasta que las cosas ya no pueden dejarse pasar.
Estos hechos se suman a una serie de secuestros, asesinatos y desapariciones que se han venido presentando en Sinaloa, una vez más, Sonora, San Luis Potosí, Guanajuato y Edomex. También se tiene registro de hechos violentos en otros estados, los cuales, en algunos casos tardan en registrarse de no ser que los medios y las redes den cuenta de ellos.
Da la impresión de que algo ha venido pasando en el entorno. Pudiera ser que se estén conjuntando por un lado las presiones de Donald Trump, que esté llevando a que los cárteles empiecen a actuar de manera distinta, como lo han venido haciendo, a sabiendas de lo que pudieron enfrentar en el corto plazo.
Por otro lado, no se puede descartar que este Gobierno al tener una estrategia distinta del anterior le esté cerrando caminos a la delincuencia organizada, lo que no necesariamente significa que esté cerca de tenerla maniatada; esto es un imposible.
Un tercer factor es que, al aparecer, tantos grupos delincuenciales se anden peleando entre ellos sin importarles el costo con tal de ganar la plaza y los espacios.
A pesar de su esmero, el gobierno no termina por dar respuestas convincentes.
La razón sigue estando que en muchos casos es una suerte de juez y parte. No hay manera de concebir el desarrollo tan amplio de la delincuencia organizada si no es por su relación con el poder político.
El secuestro y asesinato de mineros de una empresa canadiense en Concordia muestran las incapacidades de los gobiernos locales que no atinan a dar una explicación que pudiera precisar mínimamente lo que pasa. La respuesta se queda en el lugar común de “estamos coordinándonos con la FGR para encontrar a los mineros”, “estamos esperando el informe”, “no habrá impunidad” y argumentar que los confundieron, cuando por el perfil de los mineros no pareciera que pudiera caber la confusión.
Lo que evidencia la violencia de estas semanas es que seguimos totalmente expuestos ante la delincuencia organizada y que en el país existen una gran cantidad de fosas clandestinas.
El relativo repunte del secuestro es delicado. En este momento, hay al menos entre 7 y 10 empresarios secuestrados que se caracterizan por ser importantes e influyentes en sus comunidades.
No hay camino de salida, pero sí hay alternativas. El Gobierno las tiene.
RESQUICIOS.
Por lo que se ha dado a conocer sobre el libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, Ni Venganza Ni Perdón, el Gobierno tendría que tomar decisiones importantes. Los actores referidos deberían de ofrecer su versión y asumir sus responsabilidades.
Muchas cosas empiezan a tener pleno sentido. No anden culpando a los neoliberales, es la voz desde dentro de un muy cercano a ysq.
