Miles de niños y niñas han sido cooptados por el crimen organizado, utilizándolos para que migrantes puedan llegar a Estados Unidos.
Durante la administración del presidente Joe Biden se aprobó una ley que establecía que los adultos acompañados por niños menores de seis años podían acogerse a ciertos programas que beneficiaban su entrada a Estados Unidos.
Y es que es el crimen organizado, muy bien estructurado, el que maneja el tráfico de migrantes, y empezó a utilizar a menores de seis años para que cruzaran con sus “clientes migrantes”.
Doña Layda, al buen entendedor…
Imagínense nada más a un chiquito de menos de seis años pasando la frontera una y otra vez, siendo utilizado para engañar a la Patrulla Fronteriza. Eso es tráfico de menores, un delito gravísimo. Quienes manejan el traslado de migrantes lo tienen bien armado: según el pollero y a qué organización criminal pertenezca, les dan a los migrantes unas pulseras, como las de los eventos, de distintos colores. En la frontera se encuentran muchas de estas pulseras que, al cruzar, a las personas se las retiran.
En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la congresista Kat Cammack expuso este fenómeno como una de las radiografías más crudas de la crisis migratoria en la frontera sur de EU. Tras su ponencia, platiqué con ella para profundizar en el uso sistemático de niños como herramienta del crimen organizado para facilitar el cruce ilegal de adultos hacia territorio estadounidense.
Los grupos criminales no sólo trafican drogas ni se limitan al contrabando de armas. Hoy, el tráfico de seres humanos es uno de sus negocios más lucrativos y, dentro de ese mercado, los niños se transformaron en una pieza estratégica.
Cammack, especialista en tráfico de personas y narcoterrorismo, explica que bajo una regla implementada durante la administración de Joe Biden, si un adulto llegaba a la frontera acompañado de un menor de seis años o menos, ese adulto podía ser admitido en Estados Unidos. La política no exigía pruebas de ADN ni comprobación de parentesco. Bastaba con presentarse con un niño pequeño. Para los cárteles, aquello fue una invitación abierta. “Aprendieron muy rápido cómo explotar la política”, señala la congresista.
Lo que hicieron fue comenzar a emparejar niños con adultos que no eran sus padres ni familiares. Muchos de esos adultos tenían antecedentes criminales que incluían violencia doméstica, homicidio, tráfico de drogas, delitos sexuales y vínculos con pandillas.
A los menores se les asignaba la función de acompañar a estos individuos hasta la frontera para garantizarles una entrada prácticamente automática. Los niños se convirtieron en un pase de acceso.
Pero el abuso no terminaba ahí. Una vez que el adulto cruzaba, el menor era regresado para repetir el trayecto con otra persona. A esta práctica los propios cárteles la denominan “reciclaje”.
ALERTA PELIGRO
Si de verdad se quiere combatir el tráfico de niñas y niños, hay que empezar por casa. Antes de mirar únicamente lo que ocurre en la frontera norte, México tiene que asumir que una parte de esta tragedia se gesta dentro de su propio territorio. La prevención y la protección efectiva de menores deben ser prioridad nacional, y hay estados donde ya se están dando pasos en esa dirección.
Durante años, Guerrero fue sinónimo de crisis por desapariciones, trata y violencia contra mujeres y menores. Hoy, ese escenario comienza a cambiar. La estrategia de protección integral impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha logrado que Guerrero salga de la lista de las cinco entidades con mayor número de feminicidios y se ubique en la posición 15 a nivel nacional.
Uno de los ejes centrales en los que está trabajando la mandataria, es en el Protocolo Violeta, que permite activar de inmediato operativos para localizar a mujeres, niñas y adolescentes en riesgo, junto con el fortalecimiento de la Alerta Ámber.
Niños de tres, cuatro o cinco años realizando el mismo recorrido una y otra vez, expuestos a violaciones, golpes, amenazas y explotación sexual. Cada viaje significaba un nuevo episodio de violencia.
Cammack describe estos casos como algunos de los testimonios más difíciles que ha escuchado en su carrera. Historias de menores intercambiados entre criminales, utilizados como herramientas desechables.
Además del “reciclaje”, los cárteles implementaron un sistema de control interno para quienes cruzan. Todas las personas son obligadas a portar pulseras. El color y el número indican a qué organización pertenecen, cuál es su turno del día y si ya pagaron por el cruce.
Es un sistema logístico propio de una empresa transnacional. Según Cammack, cruzar desde México cuesta entre 6,500 y 7,500 dólares. Desde Centroamérica, alrededor de 9,500 dólares. Y existen listas de precios donde personas provenientes de países tan lejanos como China pagan hasta 75,000 dólares para ser introducidas a EU a través de rutas indirectas.
El tráfico de personas, explica, se maneja hoy con la misma sofisticación que el narcotráfico y cobran a través del propio sistema financiero legal de EU. Uno de los elementos más alarmantes fue la eliminación de las pruebas de ADN. Bajo este esquema, el gobierno estadounidense dejó de verificar si los adultos que se presentaban con niños eran realmente sus padres.
Ese anuncio, sostiene Cammack, fue interpretado por los cárteles como una luz verde. El mensaje fue claro: “si traes un niño pequeño, entras”.
El drama de los menores no acompañados es todavía más grave.
Cammack estima que alrededor de 340,000 niños no acompañados pasaron por instalaciones de procesamiento. Muchos llegaban con números escritos con plumón en el brazo o con papeles prendidos a la ropa que incluían un número telefónico al que debían llamar al llegar.
En teoría, ese número pertenecía a un familiar. En la práctica, al revisar expedientes, se detectó que los mismos números aparecían cientos de veces. Nadie consideró extraño que una misma persona tuviera supuestamente cientos de sobrinos o primos. Cuando se realizaron verificaciones de calidad, se descubrió que muchas de las direcciones proporcionadas correspondían a lotes baldíos, edificios abandonados o estacionamientos.
Los niños, después de sufrir abusos durante todo el trayecto, eran entregados a personas que nadie verificó. Para la congresista, esto representa un fracaso monumental del gobierno de EU.
Hoy, muchos de esos menores se encuentran en algún punto del país. No se sabe con certeza dónde están, quién los tiene ni en qué condiciones viven. Algunos siguen siendo explotados por redes criminales. A todo esto, se suma el papel de las redes sociales. Los cárteles utilizan plataformas digitales para anunciar abiertamente sus servicios. Basta ingresar a grupos o buscadores y escribir palabras clave relacionadas con cruces fronterizos para encontrar publicaciones ofreciendo rutas, precios y tiempos.
Y es que muchas veces en las mismas plataformas digitales se realizan los pagos. Para los bancos, las transacciones parecen legítimas porque están procesadas por grandes empresas tecnológicas.
Cammack me explicó que cuando cuestiona a las compañías de redes sociales por manejar dinero que proviene de redes criminales, la respuesta suele ser que no bajan ese contenido por “políticas de derechos humanos”.
Es enfática al señalar que no puede hablarse de derechos humanos mientras se permite la explotación masiva de niños, la violación de mujeres y el fortalecimiento de redes criminales.
La congresista insiste en que el debate migratorio no puede reducirse a ideologías. Se trata de reconocer una realidad: cientos de miles de niños son utilizados como herramientas del crimen organizado. Y mientras no se reconozca el daño causado, mientras no se investigue y se sancione a los responsables, este negocio seguirá creciendo.
