La constitución debe hacerse ante notario público mediante un acta constitutiva. Una vez creada, la organización puede iniciar el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener la autorización como donataria autorizada, lo que le permite recibir donativos deducibles de impuestos.
Esta autorización no se concede para cualquier actividad. La autoridad establece doce rubros específicos, como actividades educativas, culturales o de protección al medio ambiente. En ninguno de estos rubros se permite que una asociación done dinero a otros países.
El proceso de autorización suele tardar entre tres y seis meses por cada rubro. Además, la organización debe comprobar periódicamente que realiza las actividades autorizadas para mantener vigente su registro. En situaciones de emergencia puede entregar ayuda humanitaria, pero únicamente en especie, no en dinero.
¡Así como digo una cosa digo otra!
- El Dato: La organización civil Humanidad con América Latina tiene como representantes legales a Laura Esquivel y a Carlos Pellicer.
Pero hay una organización que pudo hacer todo esto de manera fast-track: es la que promociona Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba. La asociación civil Humanidad con América Latina.
La obtención casi inmediata de autorización para Humanidad con América Latina, A.C. contrasta con los tiempos habituales que enfrentan otras organizaciones civiles para convertirse en donatarias autorizadas, un proceso que normalmente tarda entre tres y seis meses o más.
Lo cierto es que, mientras ahora López Obrador pide apoyo a una organización civil, durante su gobierno construyó un discurso profundamente crítico contra los organismos de la sociedad civil.
Se fue en contra de fundaciones, asociaciones civiles y colectivos que, durante décadas, habían participado en programas sociales o en la atención de problemas públicos. Fueron señalados reiteradamente desde el poder como intermediarios innecesarios, cuando no, como estructuras creadas para desviar recursos.
El mensaje comenzó desde el inicio del sexenio. El 14 de febrero de 2019, el entonces presidente dijo: “Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones; para eso es el Gobierno”.
DESDE EL RETIRO
Para López Obrador, en su discurso, muchas organizaciones se habían convertido en intermediarios que administraban recursos públicos sin que éstos llegaran realmente a los ciudadanos. Lo cierto es que, para él, las únicas organizaciones civiles que deben existir son las suyas.
En múltiples conferencias mañaneras repitió esa idea: “Se abusó de las organizaciones civiles”, decía. En otras ocasiones, afirmaba que muchas eran simples simulaciones o que habían sido creadas para canalizar dinero público durante el periodo neoliberal.
En julio de 2020 llegó, incluso, a señalar que existían organizaciones dedicadas a “simular, crear organismos fachada y robarse el dinero”.
Y así fue tratando de acabar con fundaciones que han apoyado tanto a la sociedad, como la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), a la que le quitó todos los apoyos, además de las estancias infantiles y muchas más.
Con frecuencia descalificó a activistas y colectivos que cuestionaban las decisiones de su gobierno. A ambientalistas los llamó “pseudoambientalistas”. A algunas organizaciones feministas críticas las calificó como “feministas conservadoras”. Y a ciertos organismos de derechos humanos los describió como “pseudodefensores de derechos humanos”. En varias ocasiones sostuvo que había grupos que “vivían de administrar el conflicto o la desgracia”.
Ese discurso no se quedó en palabras, se tradujo en decisiones concretas de política pública que, prácticamente, eliminaron todos los apoyos a organizaciones sociales.
Eliminaron el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, los comedores comunitarios que operaban con apoyo de grupos sociales y comunitarios, y subsidios que tradicionalmente se canalizaban a través de organizaciones campesinas o asociaciones sociales, también desaparecieron, sustituidos por programas de transferencias directas.
Desaparecieron muchos refugios de mujeres violentadas que eran operados por organizaciones civiles especializadas que, durante años, habían desarrollado redes de apoyo para mujeres en situación de riesgo.
En paralelo, también hubo cambios en el marco fiscal que regula a las organizaciones que reciben donativos.
La reforma fiscal aprobada en esos años limitó la deducción de donativos al integrarlos dentro del límite global de deducciones personales. Diversas organizaciones advirtieron que esta medida podía desincentivar la filantropía y reducir los recursos disponibles para proyectos sociales.
Además, se restringió el funcionamiento de las llamadas donatarias de segundo piso, organizaciones que recibían donativos y los redistribuían a otras asociaciones que ejecutaban proyectos.
El argumento del Gobierno fue evitar la triangulación de recursos, pero para muchos actores del sector significó una reducción en la capacidad de financiamiento de proyectos sociales.
Durante décadas, muchas asociaciones habían funcionado como aliadas del Estado en áreas donde la capacidad gubernamental era limitada: atención a víctimas, protección ambiental, apoyo comunitario o programas de desarrollo social.
López Obrador quiso abarcar todo sin poderlo hacer. Su modelo fue uno mucho más populista y, para tener votantes cautivos, entrega directamente los recursos a los ciudadanos, eliminando intermediarios.
López Obrador decía que eliminar estas organizaciones civiles era terminar con un sistema que, según su narrativa, había permitido abusos y corrupción.
Hoy, AMLO sí apoya la creación de una organización civil: la que él maneja.
---
Un problema serio para los donantes
Estados Unidos cuenta con un marco legal muy estricto para perseguir a cualquier persona que apoye a una organización terrorista. La ley federal establece que proporcionar “apoyo material” a una organización designada como terrorista es un delito grave.
Estados Unidos clasificó desde 2021 a la dictadura cubana como organización terrorista.
Por lo pronto, desde las altas esferas del poder estadounidense han tomado acuse de recibo sobre la petición que ha hecho López Obrador para aportar dinero para Cuba.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo en su cuenta de X:
“Parafraseando a @SecRubio, la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no al régimen que los ha oprimido durante décadas”.
Si alguien deposita para apoyar a una organización terrorista, las autoridades estadounidenses pueden abrir investigaciones financieras, congelar cuentas bancarias, bloquear activos y presentar cargos penales. La pena puede alcanzar hasta 20 años de prisión. Además, el gobierno puede imponer fuertes multas y confiscar los recursos vinculados con la actividad ilegal.
Estas leyes también tienen alcance extraterritorial. Es decir, Estados Unidos puede actuar contra personas o instituciones, fuera de su territorio, si las transferencias pasaron por su sistema financiero o se realizaron en dólares.
Hoy, todos los bancos en México tienen relación con el sistema financiero estadounidense.
Quienes depositen en la cuenta promocionada por AMLO, para apoyar a Cuba, sin duda podrían ser investigados y sancionados por autoridades estadounidenses.
