El próximo 24 de marzo se cumplirá medio siglo del último golpe de Estado ocurrido en Argentina.
Con tal distancia y revisando algunos hitos del actual periodo democrático, resulta pertinente hacer una reflexión. Un par de años atrás había fallecido el presidente Juan Domingo Perón. Su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez Cartas, conocida como Isabel Perón, había asumido la presidencia. El de 1976 no fue un golpe de Estado cualquiera. Los golpes previos —el primero en 1930— no habían causado el caos y terror que sí ocurrió cuando la junta militar, que puso en un primer momento a Rafael Videla como presidente de facto, tomó el control del país bajo el eufemístico nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Distinto también de las decenas de otros golpes de Estado previos y posteriores en la región. Se trató de la dictadura más cruel y sanguinaria de la que se tenga registro en el continente americano.
El dominio militar llevó al terrorismo perpetrado por el Estado contra un segmento significativo de la población civil, por el solo hecho de considerarlo como “subversivo”, a la visión del régimen. Así, se fueron multiplicando las detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales; surge la tristemente célebre figura de los “detenidos desaparecidos” (gente que fue sustraída y cuyo paradero se desconocía); la tortura, las fosas clandestinas y los “vuelos de la muerte” sobre el Atlántico Sur fueron estampas recurrentes en la horrorosa cadena de crímenes cometidos por la dictadura militar.
Alerta de carpetazo
Como forma de resistencia, surgieron importantes organizaciones de defensa de los derechos humanos, destacando de forma notable las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. En el primer caso, buscando a los hijos secuestrados; en el segundo, a los nietos que nacieron en cautiverio y que fueron entregados en adopción irregular. A lo largo de las siguientes décadas, el esfuerzo estuvo centrado en recuperar a los nietos y devolverles la identidad originaria. Otro de los tantos aspectos del terror de la dictadura.
Más allá de la obvia falta de legitimidad del gobierno militar, tres factores fueron los desencadenantes del retorno a la democracia: los movimientos de derechos humanos, la galopante crisis económica y el desastre ocasionado por la humillante —pasmosamente fácil— derrota en la Guerra de las Malvinas de 1982, donde las fuerzas militares del Reino Unido acabaron con la ocurrencia patriotera de Leopoldo Galtieri para tender una cortina de humo sobre el pésimo desempeño de la dictadura.
Siete años de terror estatal culminaron en diciembre de 1983, con el retorno a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín y el mandato de revertir el legado destructivo de la dictadura y llevar justicia a sus víctimas. Así, se creó una comisión encargada de la revisión de los crímenes perpetrados en el periodo, lo que dio lugar a un documento que llevó a juicio a las juntas militares y se convirtió en referente central para evitar por siempre la repetición del horror: el “nunca más”.
Argentina ha tenido que sortear distintos desafíos en este medio siglo: consolidar un futuro democrático tras la traumática experiencia de la última dictadura, la profunda crisis política que dio lugar al abrupto fin del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y, más recientemente, la necesidad de revertir los legados destructivos de los gobiernos populistas peronistas (Menem y los Kirchner), lo que en buena medida explica la extrema polarización en el país y la llegada de Javier Milei a la presidencia.
Este aniversario es propicio para llevarnos a la reflexión sobre el cuidado que hay que procurar para preservar la democracia en el país y en toda la región latinoamericana.
