La reforma electoral oficialista no pasó y tuvo que venir un plan B, una especie de “peor es nada”, pero con suficiente dejo de venganza y de malestar, por no haberse aprobado lo que realmente se pretendía.
Si se le compara con la propuesta de reforma constitucional inicial, definitivamente esta nueva alternativa es una versión —si acaso— descafeinada de lo mínimo indispensable en lo que la Presidenta pudo poner de acuerdo a sus aliados coalicionistas, sin que éstos vieran en entredicho sus privilegios y su viabilidad como instituciones políticas, al menos en el mediano plazo.
Con todo, se ha echado al ruedo a los aliados de Morena de cara a las elecciones intermedias del próximo año, con la pretensión de desenmascararlos y exhibirlos como traidores, culpables de haber preferido mantener sus prebendas por encima del interés del pueblo bueno y sabio que quería la reforma original.
Sin embargo, lo que no cuadra en este discurso es justo el punto más básico: los ahora señalados son sus aliados, con los que ha hecho campaña una y otra vez, a los que innumerables veces les ha levantado la mano fraternalmente para la foto, con quienes se ha regodeado en las victorias políticas y con los que han gobernado a este país desde la administración anterior.
Y aunque ahora el numerito parezca más un pleito entre hermanos —en el que la cordialidad se convirtió en odio en cuanto la herencia estuvo de por medio—, a diferencia de la familia, las amistades sí se eligen. Y éstas nunca fueron buenas, a pesar de que, una y otra vez, las hayan aparentado exculpar públicamente con el manto purificador morenista.
En cuanto a la nueva propuesta de reforma, la otrora transformación del Congreso y perpetuación de un partido único se convirtió en supuesta austeridad electoral, por medio de prácticas muy elementales que han probado en otros ámbitos tener alcances muy limitados —y hasta contraproducentes—, pero suficientemente electoreros: recortes presupuestales, topes salariales a funcionarios, reducción de plazas y eliminación de prestaciones médicas, eso sí, sin tocar el presupuesto de los partidos —uno de los innegociables de sus ahora malcriados aliados—.
Y en donde sí se encienden las alarmas nuevamente, es en la pretensión de permitir que decisiones electorales puedan someterse a la desprestigiada figura de consulta popular, aunado a que la revocación de mandato —si no ratificación, en realidad— pueda realizarse a la par de las elecciones intermedias, lo que abre la puerta a que la Presidenta pueda hacer campaña directa y abiertamente durante el proceso electoral.
Como sea, se trata de la primera gran derrota del régimen, que para nada es menor, pues no fue producto de un enfrentamiento con lo que queda de la oposición, sino de la resistencia y la consecuente falta de acuerdos y consenso con sus propios partidos aliados, lo que denota una crisis en la coalición gobernante —por donde se le vea—, que con nulo tacto y muy poco oficio han tratado de disimular. Bien dicen por ahí que “uno nunca sabe para quién trabaja”.