Nos indican quienes pusieron lupa sobre los perfiles de “defensores” del voto priista —que anunció esta semana el dirigente tricolor Alejandro Moreno— que sí hay sorpresas. La más relevante, además de la reaparición de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, es la inclusión del político zacatecano Arturo Nahle. Se advierte que la aparición de este personaje en las filas del PRI no es extraña, pues fue subsecretario de Desarrollo Agrario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, no se puede obviar que también es hermano de la actual gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, lo que nos lleva a desbloquear un recuerdo no tan lejano. Apenas el pasado 2 de marzo, la mandataria estatal ya había adelantado la decisión de su hermano de reactivarse políticamente en el PRI Zacatecas: “Que Dios lo ayude”, dijo Rocío cuando le preguntaron sobre las aspiraciones políticas de su familiar. Y, en un intento por desmarcarse del priismo, subrayó que cada integrante de su familia es responsable de su propia trayectoria. Uf.
› Mensaje desde SCJN y Conapred
La caballada está flaca
Relevante, nos comentan, el acuerdo que signó ayer el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, con la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, con el cual se busca fortalecer el acceso efectivo a la justicia a través de acciones de promoción de la igualdad y la no discriminación. El propósito del mismo, se ha detallado, es desarrollar y compartir herramientas que apoyen a las personas juzgadoras en la incorporación del derecho a la igualdad, así como garantizar la aplicación de la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional. Este convenio sin embargo, nos hacen ver, representa más de lo que contiene, pues manda un mensaje importante el que haya sido signado por dos indígenas. La SCJN trabaja por “un país que no discrimine, que no sea racista, clasista y donde se tenga la plena confianza de caminar, de interactuar, de expresar nuestras opiniones o de ser como somos sin sufrir discriminación”, señaló Aguilar. Ahí el dato.
Se nos ha hecho ver que una de las mejores analogías para dimensionar lo atoradas que están las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es la multiobstruida postal que reflejó ayer la Ciudad de México, que en sus principales arterias permaneció con bloqueos durante al menos ocho horas, en pleno paro magisterial que no admite las condiciones de negociación que se han ofrecido desde el Gobierno. Lo peor es que, advierten, esto no termina aún, ya que falta al menos un día para que venza la paralización de 72 horas que ya habían programado. Hasta el cierre de esta edición deliberaban las acciones a seguir este viernes en la capital y en al menos 22 estados, en un intento por meter más presión para que la autoridad federal acepte crear una ruta para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que les incrementen el salario más de lo que ya se les concedió, que desaparezca la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y que se remueva a quien consideran un verdugo, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, organización de la que reclaman pertenencia. Pendientes.
Y los que, cuentan, se han erigido como jueces de la sintaxis, la gramática y la ciencia legislativa son los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, quienes condicionaron ayer su apoyo al Plan B electoral que impulsa el Gobierno a que la iniciativa brille por su impecable escritura. “Lo que estamos solicitando es que se precise la redacción”, declaró ayer Alejandro González Yáñez, uno de los petistas que se ha querido ver como uno de los perfiles más críticos del proyecto en la Cámara alta, aun cuando la dirigencia de su partido acordó —ahora sí— respaldar la reforma. Para el legislador hay dos puntos de conflicto con el documento que subirá al pleno la próxima semana: los plazos para la realización de la consulta de revocación de mandato y las facultades de promoción durante el proceso. Dicen que ya entrado en gastos, el senador incluso le puso a la Presidencia de la República la tarea de llevarse su proyecto para que corrija lo que él ve como inquietantes inconsistencias: “Nos daríamos por satisfechos una vez que se atienda nuestra solicitud de precisión”. Qué tal.
Quien quedó muy mal parada, nos comentan, al evidenciar su falta de preparación, fue la legisladora local de Tamaulipas, Francisca Castro Armenta. La morenista hizo el oso en público cuando intentaba dar lectura a una propuesta destinada a pedir información sobre la gestión del agua ante el trasvase temporal hacia Estados Unidos. Lo malo, dicen, no fue tanto la equivocación de leer un documento que no tenía nada que ver con el asunto en cuestión, sino la forma en que intentó evadir la responsabilidad de su errata. “Bueno, se equivocaron”, dijo al percatarse de su error. “¿Qué pasó? ¿Quién me dio esto?”, cuestionó la diputada. “¡Ay, Dios santo! ¡Qué bárbaras!”, se le oyó decir todavía con el micrófono encendido. Entre tanto alboroto y ante la imposibilidad de continuar —pues porque simplemente no sabía qué tenía que decir—, a Francisca no le quedó más remedio que solicitar un receso a la Mesa Directiva, que finalmente le concedió. Por si fuera poco, ya que volvió, supuestamente mejor preparada, no faltó quien la fiscalizó con ojo crítico y le hizo ver que todavía había una falla en la fecha de su iniciativa, que marcaba un día anterior. ¡Qué bárbara!
› Godoy eleva apuesta contra desapariciones
Muy destacado ha sido el llamado que hizo ayer la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, a colectivos buscadores para que sean parte de los esfuerzos renovados de todas las procuradurías del país —a las que ha presionado por una reformulada integración— en las investigaciones de desaparición forzada. Ayer, en un encuentro sobre el combate de estos crímenes, la exconsejera jurídica de la Presidencia dijo que al tratarse de un delito que no reconoce fronteras ni competencias aisladas, “la coordinación no sólo (debe ocurrir) entre las fiscalías, sino con los colectivos, los buscadores”, ya que, urgió, la incidencia de este delito “exige una respuesta humana”. Nos dicen que, como ya ha hecho antes al dirigirse a fiscales y titulares de los ministerios públicos desde que asumió el cargo, Godoy demandó resultados más claros. Frente a este precedente que, se comenta, no se había establecido de manera tan abierta con anterioridad, restará velar porque se concrete lo antes posible, pues ha sido uno de los reiterados reclamos que se han hecho de las organizaciones civiles de búsqueda.
