El 2 de abril se dieron a conocer las conclusiones del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), las cuales generaron gran conmoción en el régimen y en quienes lo respaldan.
El informe detona un procedimiento sin precedentes, histórico, en contra del Estado mexicano: solicita al secretario General de la ONU “que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General (…) para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
La decisión del Comité —correcta, a mi juicio— se funda en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El cuidado del lenguaje refleja la gravedad de la situación: hay “indicios fundados” de que en el país “se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. El informe es categórico: “el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”. Y el remate es demoledor: “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis”.
Gotitas y cubetas de chapopote
Si se consideran también los informes que, hace apenas unas semanas, emitieron Human Rights Watch y Transparencia Internacional, hay una notable consistencia en señalar que el Estado mexicano experimenta una seria crisis estructural en términos de violaciones a derechos humanos y combate a la corrupción. Todo lo anterior, además, ha derivado en un notorio retroceso democrático, según el reciente Informe de la Democracia 2026 V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, que ahora clasifica a México como una “autocracia electoral”.
El régimen y sus incondicionales descalificaron el informe del comité de la ONU con la consabida estrategia de negar los hechos y señalar a sus “villanos favoritos” como culpables. Desde luego, el problema de la desaparición forzada en México no empezó con el obradorato, pero sí se magnificó desde el inicio de esta época y es hoy el responsable de atenderlo y resolverlo, lo que es, precisamente, el motivo de las conclusiones del informe.
El documento recuerda el episodio de la destitución de Karla Quintana, quien fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando denunció la creación de un nuevo censo sobre personas desaparecidas, dado que, más que un tema metodológico o técnico, el cambio buscaba sembrar la idea de que las desapariciones no reflejaban la realidad del país. Como era de esperarse, organizaciones y colectivos de derechos humanos denunciaron la maniobra del Gobierno de “desaparecer a los desaparecidos”.
El pronunciamiento del comité llega a unos días del homicidio de Cecilia García Ramblas, el más reciente asesinato —en una lista lamentablemente larga— de madres buscadoras de personas desaparecidas, así como del momento en que Cecilia Flores, ícono de las madres buscadoras, encontró, tras siete años, los restos de uno de sus hijos. La lección de la crueldad es clara: quienes, por sus medios —ante el nulo apoyo de las fiscalías—, buscan a los desaparecidos, suelen tardar años en encontrarlos, si es que lo logran. Además de estar siempre bajo la amenaza de organizaciones criminales y, lo más grave, en no pocas ocasiones pagan con su vida por algo que el Estado debía atender.
En vez de aprovechar la ayuda técnica de un organismo internacional especializado para la atención de un problema de la máxima prioridad, el Gobierno opta, una vez más, por dar la batalla por la narrativa, y obviar la realidad.
