La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha degenerado en la Ínfima Corte de Injusticias de la Nación, ICIN, con lo cual se ha enchuecado, más de lo que ya estaba, el Estado de chueco, antítesis del Estado de derecho, que, en México, dicho sea de paso, nunca estuvo muy derecho, mucho menos en economía (véase, a manera de ejemplo, el capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28).
Una de las consecuencias del enchuecamiento será un menor bienestar para los mexicanos, situación que, si el fin de la economía es un mayor bienestar (que la gente viva bien, que viva mejor), debemos calificar de antieconómica, situación reforzada por seis de los nueve ministros de la ICIN.
La decisión de la ICIN con seis votos a favor y tres en contra autorizando a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, el poder congelar cuentas bancarias por presunción de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo de origen nacional, sin una orden previa de un juez, es el más reciente (no creo que vaya a ser el último), ejemplo del mayor enchuecamiento del Estado de chueco.
Rescate y sobrevivencia admirables
De entrada, va en contra de uno de los principios fundamentales del Estado de derecho, la presunción de inocencia, sustituido por el principio de presunción de culpabilidad. Estado de derecho, presunción de inocencia, el gobierno debe probar tu culpabilidad, Estado de justicia. Estado de chueco, presunción de culpabilidad, tú debes probar tu inocencia, Estado de injusticia. De salida, abre la puerta para que la UIF puede proceder en contra de quien considere necesario hacerlo, de manera discrecional y arbitraria, como podría ser el caso de los críticos del régimen.
Lo anterior va a reducir, más de lo que ya se ha reducido, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México, producir bienes y servicios, crear empleos, generar ingresos, contribuir al bienestar. En escala de cero a 100, según el indicador de confianza empresarial, del Inegi, ésta fue la confianza, para invertir directamente en México, en los siete primeros años de la 4T: 2019, 34.8; 2020, 20.3; 2021, 29.3; 2022, 32.8; 2023, 41.0; 2024, 38.4; 2025, 30.6. Primer trimestre de 2026, 30.9. En 2026 más baja que en 2019.
Este fue el crecimiento de la inversión directa (medida por la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo), en los siete primeros años de la 4T: 2019, menos 4.68% (desconfianza por el inicio de la 4T); 2020, menos 17.79% (pandemia y cierre parcial y temporal de actividades económicas no esenciales); 2021, 12.68% (efecto rebote); 2022, 8.16% (coletazo del efecto rebote); 2023, 13.73% (promesa del nearshoring); 2024, 3.68% (promesa incumplida del nearshoring); 2025, menos 6.56% (efecto de la reforma judicial).
Según el World Justice Project, en materia de Estado de derecho, en 2018 la calificación de México fue de 4.6/10. En 2025, 4.0/10. En 2018, entre 126 países, México ocupó el lugar 99. El 77.17% de los países estuvo mejor. En 2025, entre 143 naciones, ocupó la posición 121. El 83.92% estuvo mejor.
