BAJO SOSPECHA

Del sendero de Juárez al riesgo de las Afores

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Una nueva ley aprobada en México en 2026, en el papel dice que será para crear mecanismos para impulsar la inversión en infraestructura mediante esquemas mixtos entre el sector público y privado, pero, en realidad, pone en riesgo el dinero de las Afores.

Ahora las Afores podrán invertir el dinero de tu cuenta, es decir, tu fondo para el retiro, en proyectos de infraestructura. Y aunque las administradoras ya podían invertir en estos proyectos, la diferencia es que ahora hay más facilidades legales y financieras para hacerlo.

Estamos hablando del dinero que invierten los trabajadores en su Afore, recursos que estos instrumentos financieros deben invertir lo mejor posible para que, al momento del retiro, se obtengan los mayores rendimientos posibles.

Lo cierto es que las obras faraónicas que ha propuesto el Gobierno no son rentables. Es más, han costado mucho más de lo previsto y ninguna genera ganancias. Es decir, tu Afore hoy está en riesgo.

¿Tú invertirías tu dinero en el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas o, incluso, en un sendero dedicado a la memoria de Benito Juárez? Todos proyectos en los que es difícil ver alguna ganancia y que, por el contrario, sólo generan pérdidas.

Con la aprobación de la nueva Ley de Fomento a las Inversiones se abre la posibilidad de que hasta un 30 por ciento de los recursos administrados por las Afores puedan destinarse a proyectos de infraestructura. En el papel suena razonable: invertir en obras productivas que generen crecimiento económico y, al mismo tiempo, rendimientos para los ahorros de los trabajadores.

RUTA SEMIDESIERTA

Aspecto del Camino de Benito Juárez en Oaxaca, inaugurado el 22 de septiembre del 2024.
Aspecto del Camino de Benito Juárez en Oaxaca, inaugurado el 22 de septiembre del 2024. ı Foto: Especial

Pero la preocupación no es menor, porque ese dinero no es del Gobierno. No es presupuesto público, es el ahorro de millones de mexicanos que han trabajado durante años con la expectativa de tener una pensión digna. Son recursos que deben crecer, generar rendimientos y garantizar el futuro de quienes los aportaron.

Ahí está el punto central del debate: ¿qué tan seguro es que esos recursos se inviertan con criterios estrictamente financieros y no políticos?

En los últimos años, el país ha visto la construcción de grandes obras de infraestructura que, más allá de su narrativa política, han sido ampliamente cuestionadas por su viabilidad económica. El Tren Maya, por ejemplo, reporta pérdidas millonarias diarias. La refinería de Dos Bocas no ha logrado operar como se prometió. El AIFA y el Corredor Interoceánico no son rentables y cuestan millones de pesos de nuestros impuestos para mantenerse.

Estas obras no generan ingresos suficientes ni para sostenerse. Ahora se pretende que con las Afores se construyan más proyectos de este tipo que no van a generar un retorno. Cuando uno invierte su dinero espera obtener intereses; evidentemente, estas obras faraónicas no darán ganancia alguna.

Y es que, si se invierte el dinero de los trabajadores en estos proyectos, difícilmente las cuentas de retiro tendrán rendimientos.

Las Afores no son recursos del Gobierno, son inversiones privadas con aportaciones de los trabajadores, cuya función es generar el mayor rendimiento con el menor riesgo posible, no es para financiar proyectos deficitarios.

Ya hemos hablado mucho de las megaobras, pero, por ejemplo, con todas las carencias que hay en Oaxaca, al expresidente López Obrador se le ocurrió hacer un sendero llamado Benito Juárez, una obra concebida como un homenaje histórico. Es un camino peatonal de 47 kilómetros que, según se dice, recorrió Benito Juárez siendo niño, desde Guelatao hasta la ciudad de Oaxaca para encontrarse con su hermana.

Podría ser una buena idea para un corredor turístico y rescatar la historia de Benito Juárez. El problema es que, entre éste y otros senderos que, se pensaba, costarían 181 millones, se terminaron gastando más de 350 millones de pesos.

Y no se consideró realmente a las comunidades, porque en este corredor no cabe el transporte más que bicicletas y está prácticamente vacío.

Una obra que fue construida con concreto hidráulico, piedra, miradores, cabañas, puentes y zonas de acampar. Un desarrollo que, en el discurso, buscaba detonar el turismo y beneficiar a comunidades de la Sierra Juárez. Una vía en donde casi no circula gente.

No hay flujo turístico constante. No hay una estrategia integral que lo haga rentable o atractivo. No hay servicios suficientes que lo integren a un circuito turístico funcional.

Es otra obra, una más de las que se hicieron en el sexenio pasado sin analizar las verdaderas necesidades de la población; más bien, la decisión de construirla fue por un tema ideológico.

Y hay que ser claros, cuando las decisiones se toman por un motivo ideológico y no con estudios serios sobre las necesidades de la gente y la viabilidad económica, el resultado es el fracaso.

México es un país con enormes carencias: hospitales, escuelas, seguridad, infraestructura básica. Cosas tan básicas como agua potable o poder llamar a un servicio médico en una emergencia y que llegue.

El caso del Camino de Benito Juárez es una obra que busca honrar el pasado, pero que no necesariamente responde a las necesidades del presente.

Y reitero, está muy bien honrar a Benito Juárez, pero las carencias en Oaxaca son enormes; la gente necesita lo básico para vivir.

Pero sobre todo y más importante, es una vía que muy poca gente utiliza, si apoyara a las comunidades sería una maravilla, pero no está sirviendo para eso.

Y es ahí donde el debate sobre las Afores debería preocuparnos, porque no se trata sólo de si el dinero puede o no invertirse en infraestructura, sino de definir si existen los mecanismos suficientes para garantizar que esas inversiones serán rentables, sostenibles y verdaderamente productivas.

Y es que, con el ahorro de los trabajadores, no deberían hacerse obras sin tener estudios claros sobre su capacidad de retorno.

La ley habla de un límite de hasta el 30 por ciento. No es obligatorio, pero abre la puerta. Y en un contexto donde las grandes decisiones de inversión han sido, por decir lo menos, cuestionables, la desconfianza no es gratuita.

Hay que tomar otro punto en cuenta: cuando una obra fracasa, el costo no siempre es inmediato, a veces se diluye en el tiempo, en rendimientos más bajos.

En un país con inflación alta, si no se tienen buenos rendimientos en las Afores, la pensión de los trabajadores no les va a alcanzar para nada, pese a ser el dinero que las personas trabajaron toda su vida.

No se trata de estar en contra de la infraestructura, al contrario, el país la necesita. Pero la necesita bien planeada, bien ejecutada y, sobre todo, rentable y no con los ahorros de la gente.

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El costo de las grandes obras recientes en México ha sido de miles de millones de pesos y todas presentan pérdidas; ninguna genera retorno de inversión suficiente.

El AIFA se estimó en 75 mil millones de pesos y terminó cerca de 100 mil millones; se construyó parcialmente y opera con pérdidas. La refinería de Dos Bocas fue anunciada en ocho mil millones de dólares y ya supera los 16 mil millones, sin operar plenamente. La cancelación del aeropuerto de Texcoco costó más de 330 mil millones de pesos; ese dinero se perdió y se sigue pagando con impuestos. El Tren Interoceánico ha implicado inversiones superiores a 70 mil millones.

Los ingresos de estas megaobras no cubren los costos, generan pérdidas y reciben subsidios constantes con cargo a las finanzas públicas. Y es, en este tipo de proyectos, donde se pretende invertir una parte del dinero de las Afores.

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