La gasolina Premium se está volviendo poco a poco un lujo extraño. Su precio se acerca peligrosamente a los 30 pesos por litro y la respuesta por parte del ejecutivo es tan simple como desesperante: “Bueno, pueden cargar Magna”. Podrá sonar práctico, hasta que uno recuerda que la mayoría no ve a la gasolina como un simple capricho, sino como una condición de posibilidad para llegar al trabajo, para llevar a los niños a la escuela, para transportar mercancías, para sostener el ritmo de vida de una ciudad que obliga a recorrer distancias largas todos los días.
Aunque el promedio nacional suele estar apenas por debajo de los 30 pesos, sí se han documentado estaciones donde la Premium ha rebasado esta cifra (sobre todo al norte del país). Esto no se trata simplemente de una paranoia colectiva. El problema reside, en parte, en creer que el alza abrupta de su precio se resuelve únicamente mesurando su consumo, como si el gasto en gasolina fuera una mera decisión arbitraria.
Mucha gente no tiene margen para optimizar su movilidad. Hay personas que viven lejos del trabajo porque las rentas los empujan a la periferia, que se mueven en coche porque el transporte público no siempre cubre los horarios y rutas necesarias. No se trata solo de evitar que explote el motor del coche si cambiamos repentinamente de Premium a Magna, pero no es absurdo pensar que implicaría un menor rendimiento, mayores costos de mantenimiento y desgaste en vehículos que recomiendan usar el combustible de mayor octanaje. En casos como estos, pedir que compren de la verde no parece ser una solución, sino un deslinde del compromiso con la ciudadanía.
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Además, la gasolina no solo afecta al automovilista. Cuando sube su precio, termina filtrándose a demás bienes: alimentos, servicios a domicilio, transporte de mercancías, precios en mercados. Básicamente, un litro caro termina volviéndose un impuesto a la economía cotidiana. Ergo, el debate no debe centrarse únicamente en si la verde es mejor que la roja, sino en analizar cuánto del precio final representa una carga fiscal, cuánto se está amortiguando con estímulos, cuánto cuesta sostener esa amortiguación y qué se hace cuando un shock internacional (llámese conflicto de Estados Unidos contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz) dura más de lo previsto.
Por eso, resulta insatisfactoria una alternativa tan innovadora como sustituir el “bien caro” por algo más barato. Al final del día, a quienes más golpea no es a los ricos, que simplemente pueden desembolsar un poco más de dinero para llenar su tanque, sino a las clases medias y bajas, pues limita sus opciones de consumo. Luego, no resultaría descabellado pensar que el precio de la gasolina pueda fungir como un termómetro político ante una ciudad incapaz de proveer a su gente de movilidad suficiente como para no depender del precio del combustible.
Decirle a la gente desde el poder que se cambie de roja a verde es cómodo porque convierte un debate público en un ajuste privado. Pero lo que hay que reflexionar es por qué la vida de millones depende de con qué se llene su tanque y por qué un shock externo puede desordenar la economía de una nación entera.
@vic_gamen
