Relevante, nos comentan, la acción que acometió ayer la Comisión Nacional Antimonopolio contra 53 empresas gaseras a las que acusa de acordar entre ellas la manipulación de precios y de repartirse a los consumidores, conductas absolutamente ilegales, nos hacen ver. Se trata de una demanda colectiva contra esta colusión que, se ha informado, afectó sobre todo a los mercados de consumo de entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y distintas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa. Con esta acción lo que se busca es que se repare un daño calculado en 13 mil millones de pesos. Para ello, las infractoras serían obligadas a otorgar descuentos en el gas LP a todos los consumidores de las entidades en cuestión, “lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias”, se ha señalado. Mientras avanza este proceso, nos piden no perder de vista y tomar nota de cuáles son las gaseras señaladas por estos abusos: Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano. Ahí el dato.
› ¿Conflicto de interés de la ministra del pueblo?
Muchas cejas se levantaron ayer en la Corte, luego de que la ministra Lenia Batres rechazara tomar en cuenta una recomendación que, de manera diplomática, pero puntual le hizo el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar. “Quisiera hacer la petición a la ministra ponente si hubiera la posibilidad de dejar en lista el asunto. He recibido algunas consideraciones que yo en lo personal quisiera revisar… y también algunos compañeros me han pedido la posibilidad de dejarlo en lista”, le señaló Aguilar. No era menor la petición, nos hacen ver, porque el asunto implicaba frenar el cobro de un adeudo por 5 mil 810 millones de pesos que tiene el ISSSTE, encabezado por Martí Batres, hermano de Lenia, con el Gobierno de la Ciudad de México. Ha trascendido que si el caso no se hubiera resuelto ayer, el Gobierno de Clara Brugada habría buscado la forma de llegar a un acuerdo de pago. Pero la negativa de la llamada ministra del pueblo impidió esa posibilidad y abrió la vía para que el tema sí se abordara y la dependencia en la que despacha su hermano ganara el litigio. ¿Qué tal?
Y ya se vio que en política, como en la casa del jabonero, el que no cae resbala, nos comentan. Y es que resulta que se ha conocido que el nombre de la recién designada consejera del Instituto Nacional Electoral, Blanca Yassahara Cruz García —que ya tomó protesta para sentarse en la mesa grande del principal árbitro y organizador de elecciones del país— tiene asuntos pendientes por aclarar, en particular una denuncia que le hizo el excandidato del PAN a la alcaldía de la capital poblana, Mario Riestra Piña, en 2024, que acusó complicidad en una especie de “huachicol de votos”, cuando ella presidía el Instituto Electoral de Puebla. Según el hoy dirigente estatal del PAN, Blanca Yassahara, junto a otros consejeros del instituto local, consintió que Morena transfiriera 27 mil sufragios para que el partido Fuerza por México pudiera conservar su registro en esos comicios, algo que le convenía al guinda. Nos recuerdan también que por aquellos días, cuando Acción Nacional pidió al IEEP las actas certificadas para respaldar su denuncia, el órgano se limitó a responder que los documentos solicitados nomás no aparecían. Uf.
Para quienes no se enteraron, Bertha Gómez Fong, la esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, que había sido detenida a finales de marzo por agentes del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), fue liberada este mes. Ah, pero resulta que, para su mala suerte, las autoridades migratorias de ese país —que andan implacables en esta época— la volvieron a aprehender y la tienen bajo su custodia. Dicen las personas que están familiarizadas con su caso que eso de tropezar de nuevo y con la misma piedra le puede costar a la también extitular del DIF chihuahuense, pues ya se encuentra en proceso de deportación a México. Para nadie es un secreto que la esposa de Duarte —detenido en diciembre por presunto lavado de dinero— también tiene pendientes con la justicia mexicana, por eso es que el trámite para devolverla al país implicará que permanezca bajo arresto, al enfrentar cargos por robo y peculado, delitos en los que habría incurrido durante el gobierno de su marido. Tsss.
Y a juzgar por la reacción del gobierno de Argentina a la captura del contralmirante Fernando Farías, resulta que sería más pronto de lo esperado que el detenido pudiera estar siendo enviado al país, para que enfrente la justicia. Y es que hay que ver la vehemencia con la que Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional del gobierno de Javier Milei, se refirió ayer al caso del exmando de la Armada. “Atrapamos a Fernando Farías Laguna, mexicano, exvicealmirante. La Argentina no es refugio de criminales”, refirió la funcionaria, tras dar cuenta de que el detenido enfrenta cargos por crimen organizado, robo de combustible e intento de homicidio. Además, de que entró a su país con un pasaporte guatemalteco falso. Incluso sostuvo que Farías es “pieza clave” de una estructura criminal, dedicada al tráfico de combustibles y que “lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente ¡afuera!.. el que las hace las paga”, advirtió mientras tronaba los dedos. En el caso se verá si procede un juicio de extradición o se da una deportación. Pendientes.
Y hablando de temas electorales, dicen que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, entendió que tiene una carta poderosa y quiso usarla, ésa que le permite hacer nombramientos en direcciones y unidades técnicas del órgano sin que tenga que pedirle permiso al Consejo General —una prerrogativa que le llegó tras una reforma impulsada por Morena—. Luego entonces, la número uno del INE ya removió a los encargados de despacho de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos, para nombrar a los tabasqueños —ojo que su estado natal levantó bastantes sospechas, ya se imaginará por qué— Mario Alberto Alejo García y Anahí Silva Tosca. Dicen que aunque Taddei tiene la facultad de mover fichas a discreción en estas áreas, tampoco es que pueda poner a quien sea, pues estos perfiles deben cumplir con varios requisitos que garanticen su idoneidad, como tener una experiencia mínima de cinco años en funciones directivas y, en este caso, en materia de fiscalización, algo que, nos dicen, no alcanzan a cubrir los dos nuevos nombramientos. Además, llamó la atención el hecho de que la consejera presidenta no hizo pública su decisión, lo que ya levantó muchas cejas a nivel interno. Uf.