Ahora, a los funcionarios mexicanos que el gobierno de Estados Unidos considere corruptos o con ligas con el narcotráfico, ya no sólo les retirará visas, sino que buscará enjuiciarlos en cortes federales estadounidenses. Así lo advierte un reportaje de Los Ángeles Times, que revela una nueva fase en la política de Washington, mucho más dura contra algunos funcionarios mexicanos, donde Estados Unidos asegura que podrían ser enjuiciados.
Lo cierto es que Estados Unidos podría ligar a algunos funcionarios mexicanos por brindar protección o ser cómplices de los grupos criminales que ellos han designado como terroristas. Las acusaciones pueden ser muy graves.
De acuerdo con el diario, la estrategia de la administración de Donald Trump podría incluir “acusaciones formales en cortes federales” contra políticos mexicanos, incluso, miembros del partido gobernante Morena. Es decir, no sólo retirar visas, como ya ha ocurrido, sino procesarlos penalmente en Estados Unidos.
Los Angeles Times detalla que esta política se apoyaría en un elemento clave: testimonios de exintegrantes de cárteles detenidos en Estados Unidos, incluidos allegados a Joaquín El Chapo Guzmán, muchos de ellos dispuestos a colaborar como informantes a cambio de beneficios legales.
Según el reportaje, Estados Unidos ha retirado las visas a varios políticos mexicanos.
Al mismo tiempo que se publica este reportaje, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo en un evento en Sinaloa que, para que haya inversiones en México, se necesita brindar certeza a los inversionistas y, sobre todo, que están preparando en Estados Unidos una ofensiva anticorrupción “de gran alcance” contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado.
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El propio Johnson lo insinuó públicamente: “La corrupción no sólo frena el progreso, lo distorsiona… y es un obstáculo directo para el crecimiento”, advirtiendo que pronto podría haber “acciones significativas” en este frente.
Muchos funcionarios mexicanos hoy en el poder, deben estar muy preocupados, principalmente aquéllos a quienes ya se les han retirado las visas.
Hay otros gobernadores cuyos hijos también han visto retirados sus documentos de entrada a Estados Unidos. Está también el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, quien tampoco tiene ya visa y quien tenía procesos abiertos en México y en Estados Unidos por corrupción. En México se desvanecieron esas carpetas cuando fue, a través de él, que su hijo dio el voto que se necesitaba para pasar la reforma judicial, pero en Estados Unidos las investigaciones continúan.
La lista de mexicanos ligados al poder que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos es larguísima, pero ésa se maneja con secrecía y no se hace pública por motivos legales y por razones diplomáticas.
Además, ha trascendido que varios legisladores y funcionarios de Morena, incluidos más gobernadores de los que he mencionado, han sido objeto de cancelaciones de visa. Esta ofensiva ocurre mientras se revisa el tratado comercial de América del Norte y en medio de tensiones por seguridad, migración y narcotráfico.
Lo cierto es que investigaciones hechas en Estados Unidos aseguran que la corrupción en México es enorme y va desde policías locales hasta gobernadores y legisladores, y que son ellos los que brindan protección a los cárteles de la droga a cambio de apoyo en campañas electorales y de otros recursos.
Pero ademas, toda esta situacion tensa la relacion bilateral entre México y Estados Unidos. Por un lado, se debe responder a la presión estadounidense; por el otro, contener el impacto político interno si figuras de su propio movimiento son señaladas o incluso, procesadas en tribunales extranjeros.
Porque, como advierte el propio artículo, esto ya no es sólo diplomacia. Es una estrategia que puede escalar a tribunales. Y eso cambia por completo la relación bilateral.
Según el diario estadounidense, la visita del embajador Ronald Johnson a Los Mochis, Sinaloa, es el parteaguas de la decisión del gobierno estadounidense para comenzar con esta operación.
El embajador sería el invitado principal para la colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol, que cuenta con una inversión de tres mil 300 millones de dólares y que se convertirá en la planta más grande de bajas emisiones a nivel mundial, pero el evento fue cancelado de último minuto, y el embajador estadounidense no se quedó callado y advirtió que es necesario que las inversiones que llegan del norte cuenten con “certeza jurídica, seguridad y un entorno libre de corrupción”.
Johnson agregó: “La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”.
El discurso del diplomático no cayó bien en Palacio Nacional. Al ser cuestionada sobre el tema de la certeza, seguridad y corrupción, la Presidenta contestó con una sonrisa asegurando que su Gobierno trabaja en ello.
Lo cierto es que esta campaña de revocación de visas contra políticos mexicanos, señalados de tener vínculos con el crimen organizado, no es nueva. Desde el año pasado se ha revocado o suspendido la visa a más de uno.
Toda la postura de Estados Unidos se endurece justo a poco más de dos meses de que comience la revisión del Tratado Comercial de América del Norte, y en medio de este contexto, el gobierno estadounidense endurecerá las medidas y los señalamientos hacia algunos políticos mexicanos, y esto también se da en un contexto en donde muchos ya empiezan a trabajar en la próximas elecciones para el 2027.