Al menos desde 2012, Xi Jinping hizo del combate a la corrupción una de sus principales banderas políticas para hacerse de más poder en China. Era algo raro para un observador externo, pues en China la corrupción está en el centro mismo de cómo el partido se ha hecho del poder en cada punto de la vida pública. ¿Cómo el gobierno iba a combatir uno de los pilares de su propio poder?
El Partido Comunista Chino ha construido un sistema donde la corrupción no es sólo el funcionario que cobra un soborno, también es una red de favores, ascensos, contratos, negocios públicos y lealtades personales formada durante décadas de crecimiento económico y apertura controlada por el partido en el poder. Es el cemento del régimen y la sociedad y existe rutinariamente, pues para hacer cualquier cosa dentro del sistema se tiene que tener a una persona dentro de él.
Pero el Partido Comunista entendió que esas redes de corrupción también podían volverse peligrosas si se dejaban fuera de control. Un funcionario corrupto no sólo se enriquece, también reparte beneficios, protege aliados, compra silencios y construye una maquinaria propia que puede poner en peligro al régimen si no tiene límites. En un sistema donde el partido único pretende controlar al Estado, a las empresas públicas, a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales y al ejército, esas maquinarias se vuelven un riesgo.
Aguachiles en Madrid
Por eso Xi Jinping prometió perseguir “tigres y moscas” desde hace una década. Prometio cero impunidad contra altos funcionarios y burócratas menores como parte de una estrategia para reconocer un problema que ya no se podía esconder. La frase funcionó porque tocaba un enojo real. Millones de chinos habían visto cómo algunos cuadros del partido pasaban del uniforme austero a la vida de privilegios en poco tiempo. Combatirlos ayudaba a recuperar autoridad moral. Pero también le permitía al régimen decidir qué redes sobrevivían y cuáles debían desaparecer.
Hace unos meses se vio una purga reciente en el Ejército Popular de Liberación, donde 9 altos militares fueron retirados de la Asamblea Popular Nacional, uno de los cuerpos políticos más importantes de China. Los afectados eran elementos que presentaban un riesgo por haber cuestionado al régimen y a Xi, pero que parecían intocables. Una acusación de corrupción fue suficiente para hacerlos a un lado.
Stalin usó juicios públicos para acusar de conspiración a viejos dirigentes soviéticos y eliminarlos. Mao impulsó campañas internas para obligar a cuadros del partido a admitir errores y someterse, muchas veces bajo amenazas de cárcel, humillación o muerte. Cuando un régimen controla una acusación y el sistema completo, la limpieza puede servir también para reorganizar el mando.
Una crisis de corrupción puede poner a temblar a un régimen, sobre todo si las acusaciones llegan desde fuera y amenazan con exhibir nombres, rutas y pactos. Pero esa misma crisis puede llegar como anillo al dedo. Permite cerrar filas, hablar de soberanía, exigir pureza a candidatos y sacrificar a quienes ya pesan demasiado. La diferencia entre justicia y purga no está en el discurso. Está en las reglas. Si la investigación puede tocar a todos, hay limpieza. Si sólo toca a los que estorban, el régimen no combate su corrupción, la administra.
