¿Por qué deberían confiar a lo grande los inversionistas nacionales y extranjeros en el Plan México, si tan sólo en el Puerto de Veracruz la alcaldesa morenista Rosa María Espejo y su cabildo decidieron —conforme a acta extraordinaria número 30— requisar y apropiarse del primer contrato de Asociación Público-Privada (APP) del país? Sí, el de alumbrado público suscrito el 29 de septiembre de 2017 con Wardenclyffe Veracruz Puerto, por el entonces alcalde priista Ramón Poo Gil.
Vaya favor le hacen a una atribulada Altagracia Gómez, que no ve la hora en que empiece a sonar la caja registradora.
Claro, no se le llamó por su nombre real, una expropiación, sino con el sofisticado apelativo de rescate administrativo: es decir, una requisa que no es atribución legal alguna que posea el municipio en materia de APP.
Aguachiles en Madrid
Lo que le arrebataron a Wardenclyffe fue un contrato vigente a quince años modalidad ESCO, Energy Service Company, con que la compañía invirtió en sustituir viejas luminarias en el municipio porteño por equipo nuevo ahorrador de electricidad; y del ahorro verificable del que se pagaría la inversión y el ganancial privado. La inversión privada inicial fue de 620 millones para más de 44 mil luminarias instaladas y operando (mantenimiento incluido) y respuesta a fallas no mayor a 72 horas.
Pero en la lógica de la alcaldesa (que alguien le preste un ábaco) el contrato “pasó de 620 mdp en 2017 a 2 mil 600 millones”, y de ahí la motivación expropiatoria. La diferencia no responde a una ampliación del alcance sino a una proyección contable exigida por la Unidad de Inversiones de la SHCP, donde el gasto mensual histórico del municipio en luminarias —11 millones 710 mil pesos en 2017—, se multiplica por 12 meses, por 15 años, con ajuste anual de 4% por inflación.
Lejos de lo que se imaginan la alcaldesa y su cabildo tropical, no se trata de deuda, sino de la suma de lo que el municipio ya pagaba, proyectada a 15 años. Pero eso pasa por hacer cuentas al estilo Manuel Bartlett.
Para que no quede duda, el convenio modificatorio que formalizó ese cambio en la base de reporte, se firmó el 2 de marzo de 2018. Lo que la alcaldesa describe como ampliación irregular es, en términos contables, exactamente lo que la autoridad exige reportar: el mecanismo de pago es un fideicomiso administrado por Fiduciaria Multiva, fondeado con participaciones federales. El municipio deposita 16 mdp mensuales; de ese monto se liquidan primero el recibo de luz a la CFE y el mantenimiento, y sólo el remanente va al pago de la inversión privada.
Y de ahí se genera el ahorro: con las tarifas actuales de CFE, sin este contrato el municipio pagaría 27 mdp al mes, pero paga 16 mdp y ahorra los 11 mdp. ¿De verdad es tan difícil entenderlo?
“Expropiación patriótica” daña finanzas de Nahle. Pero como la ignorancia es atrevida, el cabildo jarocho aduce un presunto incumplimiento técnico, sobreprecio del servicio y la ya referida “ampliación irregular” que Hacienda no comparte. Pero resulta que las 44 mil luminarias operan; el municipio paga 16 millones hoy frente a los 11.71 de 2017, además de que la estructura fue auditada por PwC y registrada en Hacienda. El expediente es público.
Jurídicamente, esa expropiación está hecha con las patas. El artículo 93 de la Ley Orgánica del Municipio Libre permite la requisa, sólo sobre concesiones cuando hay suspensión generalizada del servicio… y lo que se firmó con Wardenclyffe no es concesión, sino una APP, para los sectores eléctrico y petrolero.
La “patriótica requisa” no sólo rompe un contrato, sino también la garantía sobre la que descansa la calificación crediticia del estado; Fitch, HR Ratings y Moody’s elevaron a Veracruz en 2025 para sostener la reestructura con BBVA, que la gobernadora Rocío Nahle anunció el 15 de abril pasado para liberar mil 500 millones de pesos anuales en participaciones federales, y ahorro acumulado de 2 mil 900 millones en intereses. Ante el conflicto, Wardenclyffe mantiene la cordura y propone una salida propositiva: arbitraje contractual, revisión por el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz e incluso dirimir ante el Poder Judicial…, pero expone que no existe atribución del cabildo tropical y su alcaldesa —ni en la Constitución— la requisa por decreto municipal, sobre un servicio público garantizado con participaciones federales. De judicializarse la expropiación, bien podemos darle los santos óleos al Plan México y al nuevo modelo de Inversión Mixta, que recién moldeó legalmente el diputado oaxaqueño Carol Altamirano.
CTM reloaded a fondo. La (CTM) salió de su letargo y ahora, sin entreguismos ni irresponsabilidades, la dirigencia de Tereso Medina Ramírez ha planteado una agenda profunda de acciones: luego de los festejos del primero de mayo y de la reunión con Sheinbaum, el líder dejó en claro que el sindicalismo quiere ser parte activa de las decisiones de fondo. El dirigente puso sobre la mesa una agenda integral: reducción gradual de la jornada a 40 horas, continuidad en los incrementos salariales y fortalecimiento de los derechos laborales, con responsabilidad y visión económica. Sí hay coincidencias con el Gobierno, pero también una postura clara: acompañar no es alinearse. Es incidir y cuidar que el avance se traduzca en bienestar para las y los trabajadores.
