Hace unos días estalló la bomba. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), presentó al Gobierno de México la acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa, entre ellos, el actual gobernador, Rubén Rocha Moya.
Aseguran que estos funcionarios operaban para el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, y se dice que habrían recibido sobornos millonarios a cambio de protección al grupo criminal.
Uno de los inculpados es el senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado de ser el enlace entre la facción de Los Chapitos y Rubén Rocha Moya.
Aguachiles en Madrid
Mientras Rubén Rocha Moya ha sido obligado a pedir licencia, el senador Inzunza Cázarez grabó un video saludando a la gente desde Badiraguato, su tierra. Dice que no pedirá licencia, me imagino que para mantener su fuero y poder llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
ENLACE CLAVE
Se sabe que los abogados del senador Inzunza ya han tenido acercamientos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde buscaría colaborar a cambio de información.
Hay que recordar que mucho de lo que se le acusa a Rocha Moya es la forma en que se manejó su elección a gobernador, cuando gente del Cártel de Sinaloa retuvo a opositores para facilitar su triunfo como mandatario.
Hoy, muchos en la 4T deben estar asustados, porque Rubén Rocha es apenas la punta del iceberg. Seguramente en poco tiempo habrá noticias de otros mandatarios estatales siguiendo la misma suerte, ya que se dice que operaron de forma muy similar sus elecciones.
¿Pero por qué el senador Enrique Inzunza buscaría un acuerdo con Estados Unidos? Sin duda tiene mucha información que aportar y sabe que, de otra manera, su pena y sus condiciones carcelarias podrían ser terribles.
El año pasado, el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.
Entre los extraditados se encuentran personajes históricos y extremadamente violentos como Rafael Caro Quintero; los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, líderes de Los Zetas; Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez; así como operadores financieros y logísticos del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De estos personajes, prácticamente todos se acogieron a programas de colaboración con las autoridades estadounidenses. Todos quieren hablar. Todos quieren negociar información a cambio de reducir condenas o evitar pasar el resto de sus vidas en cárceles de máxima seguridad.
En Estados Unidos existe una regla fundamental para otorgar beneficios a un colaborador: la información debe comprobarse. No basta con acusar o señalar. Los fiscales necesitan pruebas, documentos, testimonios cruzados, operaciones financieras y elementos que permitan construir casos sólidos.
Y muchos de estos personajes tienen décadas acumulando secretos. Saben cómo opera el narcotráfico, cómo se mueve el dinero, quiénes protegían ciertas rutas y cuáles eran las relaciones políticas que permitieron el crecimiento de organizaciones criminales en distintas partes del país.
En este contexto, una figura clave fue Griselda López Pérez, exesposa de Joaquín El Chapo Guzmán y madre de Ovidio Guzmán y de otros integrantes de Los Chapitos. Ella no sólo formaba parte del entorno familiar del cártel; era considerada una operadora relevante en las relaciones políticas y de protección del grupo criminal.
Cuando llegó a Estados Unidos bajo protección de las autoridades estadounidenses, llamó la atención verla arribar con casi una docena de maletas e, incluso, dinero en efectivo.
Su traslado dejó claro que Washington estaba interesado no solamente en detener operadores armados, sino en entender las redes de poder y corrupción alrededor del Cártel de Sinaloa.
Griselda López, según distintas versiones, habló sobre la forma en que, presuntamente, se operó políticamente con Rubén Rocha Moya.
Las acusaciones señalan que, días antes de la elección, operadores ligados al grupo criminal de Los Chapitos retuvieron y amenazaron a actores políticos de oposición para favorecer electoralmente a Rocha Moya. Son señalamientos extremadamente delicados que, de comprobarse, evidenciarían un nivel de penetración criminal en los procesos políticos democráticos.
Por eso las extradiciones representan mucho más que una estrategia de seguridad. El verdadero riesgo para varios políticos mexicanos está en lo que estos personajes puedan declarar y en las pruebas que puedan entregar.
La historia del narcotráfico en México está entrando en una nueva etapa: una en la que los grandes capos ya no sólo pelean por territorios, sino que también negocian información para sobrevivir. Y esa información podría terminar exhibiendo las relaciones entre el crimen organizado y los sectores del poder político en México.
Por ejemplo, la familia de Ismael El Mayo Zambada lleva años colaborando con las autoridades de Estados Unidos. Varios de sus hijos y su propio hermano han firmado acuerdos de cooperación con fiscales estadounidenses a cambio de reducciones de condena, protección y nuevas identidades.
El caso más conocido es el de Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien se convirtió en pieza clave en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. También Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo, y Serafín Zambada, cooperaron con el gobierno estadounidense tras declararse culpables de narcotráfico.
Incluso Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey Zambada, hermano de El Mayo, fue testigo protegido y declaró sobre sobornos a funcionarios mexicanos y sobre la relación entre el narcotráfico y estructuras del poder político.
El Mayo Zambada está siguiendo el mismo camino. Su abogado, Frank Pérez, es el mismo que llevó el acuerdo de cooperación de El Vicentillo.
Y si algo conocen profundamente los Zambada es la operación política y criminal de Sinaloa. Durante décadas, El Mayo y Rubén Rocha Moya compartieron origen en Badiraguato y se conocieron dentro de las redes de poder locales. Por eso, en Washington existe enorme interés en conocer qué sabe la familia Zambada sobre las relaciones entre el Cártel de Sinaloa y los actores políticos del estado.
Desde la extracción de El Mayo Zambada a Estados Unidos, éste envió una carta diciendo que se iba a reunir con el entonces gobernador Rocha Moya. A partir de ese momento, en Sinaloa se vive una violencia nunca vista.
La entrega de 29 narcotraficantes a Estados Unidos confirma ese cambio de época.
El gobierno estadounidense hoy tiene bajo su control a líderes históricos de distintos cárteles: Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes y operadores financieros ligados tanto al CJNG como al Cártel de Sinaloa.
Ahora Estados Unidos busca conocer las redes de complicidades actuales entre políticos y narcotraficantes en México, y muchos de los que han sido señalados hoy y que formaban parte del círculo íntimo del gobierno de Sinaloa, saben perfectamente bien cómo opera esa estructura.
Hoy, el narcotráfico mexicano enfrenta algo que durante décadas parecía imposible: la caída de sus figuras históricas y el riesgo de que muchos de ellos comiencen a colaborar con las autoridades estadounidenses. Y eso puede cambiar no sólo al crimen organizado, sino también a buena parte de la estructura de poder que lo rodeó durante años.
