SERÉ BREVE

La mazorca se desgrana

Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón
Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: La Razón de México

El miércoles 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de EU, junto con la DEA, a través del fiscal del distrito sur de N. York, Jay Clayton, difundieron el Indictment (acusación formal, donde un gran jurado determina que existen suficientes pruebas para juzgar a una persona) enviado a México, que imputó diversos delitos al gobernador morenista en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 excolaboradores. Con solicitud formal a México, de acuerdo al Tratado de Extradición vigente, de captura con fines de extradición, con posible cadena perpetua, y un mínimo obligatorio de 40 años.

El gobernador, senador, alcalde y varios jefes policiales fueron acusados, en 34 páginas, de conspirar con el Cártel de Sinaloa, con la facción de Los Chapitos, para exportar a EU fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; corrupción sistémica, con sobornos a cambio de protección e información y persecución de sus rivales; elección comprada con violencia en 2021; uso de la policía e infraestructura policíaca para secuestrar y entregar adversarios políticos a los sicarios del Cártel de Sinaloa, incluyendo un informador de la DEA y su familia, con un menor de 13 años, torturados y asesinados en octubre de 2023.

La lista incluye 10 funcionarios de Sinaloa: Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, respectivamente gobernador, senador y alcalde de Morena en funciones. Así como a Dámaso Castro Saavedra, Enrique Diaz Vega, Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.

El expediente integra declaraciones del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán e hijos, de delincuentes mexicanos ya recluidos, más los 92 deportados este año. El Caso Chihuahua, con la muerte de dos agentes de la CIA, jugó su papel. El embajador Johnson, en la inauguración de Mexinol, enfatizó: el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción.

El miércoles 29 de abril, la embajada de EU tomó nota del indictment. La SRE y la FGR rechazaron la extradición inmediata, exigiendo pruebas.

El gobernador Rocha rechazó las imputaciones de la Fiscalía de Nueva York. Este ataque —dijo— no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos.

El jueves 30 abril en la Mañanera, la Presidenta señaló: mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía…No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito… Si no existen pruebas claras, el objetivo de estas imputaciones del departamento de justicia es político… (no) vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero.

El Viernes 1 de mayo, se afirma que hubo reunión en Palenque, la Presidenta con el expresidente. Se asegura que quitaron la visa a Luisa María Alcalde. Más noche, piden licencia Rocha y Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. Al siguiente día, serían sustituidos, respectivamente, por Yeraldine Bonilla Valverde y Ana Miriam Ramos Villarreal.

¿Qué otros granos caerán?