Una parte sustancial de los problemas que tiene y tendrá México, provienen de la reforma judicial. Nunca fue una buena idea, pero sus consecuencias ya van aflorando, y la más notoria es los bajos niveles de confianza que hay en los inversionistas. Por eso no crece la economía.
Nadie arriesga su dinero en contextos de incertidumbre y en donde las reglas no son claras y las leyes no se cumplen.
Luigi Ferrajoli describió la reforma como una ruptura de los equilibrios constitucionales esenciales y Roberto Gargarella como “una de las mayores tragedias institucionales del siglo XXI”.
Que no está escondido el que se esconde…
Y Luis de la Barreda, quien fue el primer ombudsman de la Ciudad de México, ha señalado que los cambios significan “el principio de la demolición de la democracia”.
Como suele ocurrir con las cosas que se hacen a capricho, muchas de sus premisas reformistas fueron falsas y terminaron por significar lo contrario de lo que se pregonaba.
Por ejemplo, despidieron o hicieron retirarse a la mitad de los jueces, pero lo que causaron fue un daño, quizá irreversible, en los juzgados y tribunales.
Más allá de los discursos, no afectaron a una élite que provenía de abolengos familiares, sino a funcionarios que mediante el esfuerzo individual y el mérito lograron el ascenso social, sustentado en rigurosos concursos de oposición y no en compadrazgos.
La mayoría de los integrantes del sistema judicial provenían de familias cuyos padres no terminaron una licenciatura o se dedicaban a profesiones que nada tienen que ver con los abogados.
Es decir, rompieron planes de vida de quienes debieron ser protegidos si las proclamas sobre el pueblo no sólo fueran demagógicas.
El problema mayor, sin embargo, radica en la experiencia de alta especialización que se perdió y que no podrán subsanar los jueces que llegaron por medio del voto directo, porque no cuentan, en su gran mayoría, ni con los conocimientos ni con las habilidades requeridas.
De éstos y otros temas se ocupa el libro publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Informe académico sobre la reforma judicial de 2024 en México, que coordinaron Sergio López Ayllón y Diego Valadés.
Es un esfuerzo notable que ayuda a comprender las dimensiones de lo ocurrido y advierte de los riesgos para el presente y el futuro. Ahora que se valora posponer la elección judicial del 2027, la que terminaría por expulsar a los juzgadores de carrera, convendría dar un paso al costado y replantear todo, corrigiendo el estropicio y permitiendo que se recuperen los estándares de calidad y eficacia que requiere el Poder Judicial. No se hará, porque la autocrítica es un bien más que escaso.
Es notable, por cierto, el trabajo del IIJ-UNAM, donde se ha ido documentando esta época trepidante, en libros igual de interesantes como La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, coordinado por María Marván, J. Jesús Orozco y también Valadés.
