La semana pasada fue enviado a Estados Unidos Alex Saab, quien fuera ministro de Industria de Nicolás Maduro.
No se trata de un personaje menor. Para Washington, para la oposición venezolana y para buena parte de las investigaciones periodísticas sobre el chavismo, Saab era el prestanombres, operador financiero y hombre de confianza que sabía cómo se movía el dinero alrededor de Maduro.
Su caída tiene algo de ajuste de cuentas y algo de mensaje.
• Acamoto: así, sí
Venezuela prohíbe en su Constitución la extradición de sus ciudadanos.
Durante años, esa fue una muralla política y jurídica para protegerlo.
Pero Saab también nació en Colombia y el nuevo gobierno venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, decidió tratarlo como ciudadano colombiano y deportarlo a Estados Unidos. En su narrativa interna el hecho no fue presentado como una extradición, sino como una “medida migratoria contra alguien requerido por delitos en territorio estadounidense”, pero en los hechos es lo mismo.
Hace apenas dos años la historia era exactamente al revés.
Saab había sido detenido en Cabo Verde cuando su avión hizo una escala no planeada en camino a Irán, fue enviado a Estados Unidos y encarcelado por el lavado de más de 350 millones de dólares en el sistema venezolano mediante contratos del gobierno y empresas fantasma. Maduro convirtió su rescate en una causa nacional.
En 2023 regresó a Caracas después de que Joe Biden lo liberó en un intercambio que incluyó a 10 estadounidenses presos en Venezuela. A su regreso fue recibido como héroe, nombrado responsable de la inversión productiva y después ministro. Hoy, el hombre al que el régimen había rescatado terminó entregado por el mismo gobierno que heredó sus ruinas.
Ahí está la lección política. Cuando cae un autócrata, no sólo se derrumba un jefe. Se reacomoda la cadena de lealtades, se revisan las cuentas pendientes y se descubren los expedientes que antes eran intocables. Delcy Rodríguez no gobierna como una opositora democrática salida de las urnas, sino como la sobreviviente de una estructura que entendió que la nueva condición para seguir respirando es obedecer a Washington. La defensa de la soberanía venezolana sigue en el discurso, pero la correlación de fuerzas manda en los hechos.
El sistema de justicia estadounidense se ha vuelto una herramienta central de esa presión. No necesita ocupar un país para cambiar sus incentivos. Le basta con acusaciones, órdenes de captura, sanciones, cooperación judicial y la promesa, siempre ambigua, de aliviar o endurecer el cerco. Saab puede fortalecer el caso contra Maduro porque conocía contratos, intermediarios, empresas fachada, rutas financieras y acuerdos que sostuvieron al chavismo mientras Venezuela se hundía en la miseria.
El eco no debe exagerarse, pero tampoco ignorarse. La solicitud estadounidense para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa, de los cuales dos ya se entregaron, muestra que la justicia de Estados Unidos también empuja sus fronteras hacia México.
No es lo mismo Venezuela después de Maduro que México con un gobierno electo y una relación bilateral mucho más compleja. Pero la asimetría existe. Cuando Washington decide convertir un expediente criminal en asunto de seguridad nacional, los márgenes políticos de sus vecinos se achican. Saab parecía intocable hace un año. Hoy vuelve a estar preso. Esa velocidad debería bastar para recordar que los pactos de poder duran menos cuando dependen de la protección de alguien más fuerte.
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