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Hace tan solo unas semanas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue tendencia nacional al haber sido involucrado el gobierno de dicha entidad con el desmantelamiento de un gran laboratorio de drogas. La polémica surgió por la presunta participación de agentes de la CIA operando en el estado sin autorización del Gobierno Federal. Pocos días después, el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, fue acusado formalmente por el gobierno de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos, por lo que solicitaron su extradición a dicho país.
Ambos gobernadores tuvieron algo que ver con Estados Unidos: mientras que la gobernadora de Chihuahua es acusada por violación a la soberanía nacional por haber participado con fuerzas de otro país con la intención de desmantelar un laboratorio de drogas, el de Sinaloa fue acusado de tener nexos y de llegar a su actual puesto por un vínculo con el cártel de drogas más poderoso del país. Ambos tienen acusaciones formales en su contra, pero de diversa índole.
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Sin embargo, ¿por qué desde el primer momento el Gobierno Federal presumió la inocencia de de Rocha Moya, pero acusó de violación a la soberanía de Maru Campos, cuando ambos están todavía en proceso de investigación? La respuesta es evidente: porque el siguiente año son las elecciones para decidir nuevo gobernador en ambos estados y el partido en el gobierno busca no perder Sinaloa y hacer lo posible para ganar Chihuahua (que actualmente gobierna Acción Nacional).
En cuestión de horas, la Fiscalía General de la República sacó un comunicado posterior a la acusación explicando que “las pruebas no son suficientes para extraditar” al gobernador. Sin embargo, dicho análisis probatorio no puede hacerse en cuestión de horas, sino que debe realizarse una investigación profunda a fondo según el tratado internacional en materia de extradición entre Estados Unidos y México. Entonces, ¿por qué se precipitaron en anunciar la inocencia de Rocha Moya cuando ni siquiera se han hecho las investigaciones correspondientes?
Ahora bien, Rocha Moya pidió licencia para que se le “investigue” de forma transparente, y la pregunta es: ¿por qué no lo hace también Maru Campos? La respuesta es una falta de imparcialidad: la titular de la Fiscalía General de la República tiene amplia trayectoria en Morena y pareciera tener el mandato de investigar a los gobernadores opositores al gobierno y proteger a los aliados. Esto con la intención de generar una tensión política estratégica para que el partido en el gobierno pueda gobernar más estados en las siguientes elecciones. Si no hay piso parejo, no es justo que solo investiguen a una y no a otro solo por su partido político.
El problema es cuando el mismo gobierno confunde la política con el crimen: no se puede politizar a gobernantes que presuntamente hayan cometido delitos, pues debe juzgárseles independientemente de su partido. Sin protecciones, sin politizar y sin colores. Sin embargo, cuando el árbitro de un partido se inclina por uno de los dos equipos, ¿es justo para el otro equipo jugar así?
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