En noviembre de 2022, este espacio hizo referencia a versiones sobre presuntas indagatorias del SAT y la FGR contra el empresario José Sasson Chayo. A casi cuatro años de distancia, la revisión de documentos oficiales confirma que no existen procesos penales ni denuncias formales confirmadas en su contra.
El origen de la controversia responde en realidad a un litigio de carácter estrictamente civil y mercantil. El asunto deriva de un diferendo con la firma Crédito Real relativo a un pagaré por cerca de 26 millones de pesos, en el cual Sasson Chayo participó en calidad de aval de un familiar. Al inicio del pleito, la financiera retiró los señalamientos contra las compañías vinculadas.
Sin empresas de por medio, el asunto se redujo a un conflicto entre particulares. Tiempo después, un juez civil ordenó el pago de la deuda y sus intereses. Con esa resolución, el caso quedó en la cancha de las obligaciones financieras y no como un asunto de facturación irregular.
Tras la confirmación del fallo en la Sala Civil, ambos demandados recurrieron a las instancias superiores y llevaron el asunto mediante amparo directo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurso buscó la protección de sus derechos de defensa dentro de la misma disputa mercantil, sin que el asunto escalara a la esfera penal.
Con el paso de los años, el desarrollo del caso permitió distinguir entre las versiones difundidas y el expediente judicial. Las publicaciones de entonces hicieron referencia a presuntas investigaciones por posibles irregularidades fiscales y corporativas basadas en trascendidos. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia pública que confirme la existencia de una denuncia, una vinculación a proceso o una sentencia relacionada con esos señalamientos. A la fecha, la documentación pública disponible confirma que la controversia en torno a José Sasson Chayo se mantuvo siempre acotada a un procedimiento de naturaleza civil, donde finalmente encontró su desenlace.
Crisis de la confianza. En Nuevo León, para evitar las decenas de clausuras a plantas de ciertas industrias, decidieron declararles la guerra a los falsos inspectores. Para eso, el gobierno de Samuel García organizó capacitaciones para que empresarios aprendan a distinguir entre un servidor público auténtico y un impostor. La intención suena bien... si no fuera porque buena parte del sector privado lleva meses diciendo que el problema no son quienes se hacen pasar por funcionarios, sino algunas actuaciones de funcionarios de verdad.
Y es ahí donde está el detalle. Organismos como la Canaco, Caintra y Coparmex no han puesto sobre la mesa únicamente denuncias por extorsión, sino también por inspecciones discrecionales, clausuras y multas que consideran excesivas. El caso Matrimar terminó por convertir esa percepción en un asunto político. Porque recuperar la confianza empresarial requiere mucho más que cursos y códigos QR. Requiere convencer de que la ley se aplica igual para todos. Y esa sigue siendo la asignatura pendiente.
2027. En el cerca-lejos
