Imaginemos una familia rural en Chiapas o Veracruz. El padre está en Sembrando Vida y recibe seis mil 450 pesos al mes. Los abuelos, mayores de 65, cobran tres mil 200 pesos cada uno de pensión. El hijo de 22, que no estudiaba ni trabajaba, entró a Jóvenes Construyendo el Futuro: nueve mil 582 pesos. La hija universitaria recibe dos mil 900 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; el de bachillerato, 950 de la beca Benito Juárez; la de secundaria, 950 de la Rita Cetina, y el menor, en primaria, dos mil 500 al año. En total, el Estado deposita en esa casa unos 27 mil 450 pesos al mes.
No es un hogar inventado para escandalizar: es posible con las reglas de 2026. La cifra impacta todavía más cuando se compara con otra: según el Inegi, un hogar promedio gana con su trabajo unos 17 mil pesos al mes.
Este año, los Programas para el Bienestar superarán el billón de pesos y llegarán a 42.8 millones de personas. Sólo la pensión de adultos mayores cuesta cerca de 527 mil millones. Hay resultados que sería deshonesto negar: la pobreza bajó de 51.9 millones de personas en 2018 a 38.5 millones en 2024. Pero conviene recordar que esa medición ya no la hace un organismo autónomo: con la desaparición del Coneval, quedó en manos del Inegi. Es cierto, las personas ganan más, pero eso no elimina las carencias sociales.
No había de otra
Lo dicen las cifras oficiales. En 2016, 18.8 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud; en 2024 eran 44.5 millones. Casi la mitad (48.2 por ciento) no tiene seguridad social. El rezago educativo alcanza al 18.6 por ciento. El cheque llega puntual a la tarjeta; la consulta, el medicamento y la guardería, no. Una familia puede tener más ingreso y no tener dónde atenderse cuando se enferma el abuelo. Y aunque el gobierno presume una caída de homicidios, México Evalúa pide cautela con las cifras de desaparecidos y con la forma en que las fiscalías clasifican los delitos.
Hay otro dato incómodo: el dinero ya no va primero a los pobres. En 2016, 78 por ciento de los hogares más pobres recibía algún programa; en 2024, 53 por ciento. En el 10 por ciento más rico, la cobertura pasó de ocho por ciento a 21 por ciento. Un gobierno que hace de la desigualdad su bandera da hoy más a quienes menos lo necesitan y retiró recursos de los más vulnerables. La universalidad tiene defensas, pero también un efecto evidente: multiplica a los votantes que reciben algo.
El riesgo no es que cada apoyo compre un voto, sino que el Estado se vuelva una marca personal. En 2022, 52 por ciento de los beneficiarios atribuía su apoyo a AMLO, no “al gobierno” (MCCI).
Rumbo a 2027, el presupuesto de la estructura que coordina a los Servidores de la Nación crecería de cuatro mil 142 a unos cuatro mil 900 millones. La secretaria del Bienestar no explicó el aumento, ni desglosó denuncias, ni aclaró las observaciones de la Auditoría Superior.
Una política social que reduce la pobreza merece reconocimiento. Una que sustituye hospitales con transferencias y se reparte con nombre y apellido merece escrutinio. El gobierno no debería hacer cosas malas que parezcan buenas.
“Es honesta”. ¿Ha mandado donde hay?
