La justicia por propia mano, una injusticia

Se entiende por justicia por propia mano, en términos jurídicos, cuando una persona, ante cierta situación, aplica la ley por su propia cuenta, sin recurrir a las autoridades legalmente establecidas para su ejecución. Resulta a todas luces un acto ilegal e ilegítimo.

Desde el punto de vista sociológico se puede explicar como una conducta ante la falta de confianza del sistema de impartición de justicia, que puede ser derivado de diversas causas, como la falta de acceso de los órganos de impartición de justicia, la falta de confianza en dichos órganos, o simplemente por la tardanza en la aplicación de la justicia.

En los años recientes hemos observado un aumento de actos de la llamada “justicia por propia mano”, tanto a nivel personal, como de forma colectiva, e incluso en algunos casos de carácter internacional, cuando un Estado aplica sanciones en contra de otro Estado sin que medie de por medio una resolución judicial, y que puede consistir en el establecimiento de sanciones arancelarias, bloqueo del tránsito internacional e incluso la invasión o el ataque armado.

El artículo 17 de nuestra Constitución Política, establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Lo anterior es una cuestión de primer orden que muchas veces se confunde con la legítima defensa, la cual es otra cuestión y, que, de acuerdo al Código Penal, para que haya legítima defensa deben de existir diversos elementos, entre los cuales debe de mediar una agresión y una necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Uno de los elementos que en México ha generado los casos de justicia por propia mano, es la falta de impartición de justicia por parte de las autoridades, y lo más preocupante es que en la mayoría de los casos los autores de las situaciones de la llamada justicia por propia mano no sufren las consecuencias legales, quedan impunes dichos actos, lo que provoca que se sigan realizando dichas conductas.

En la actualidad, tenemos el caso de la niña Camila, que fue secuestrada el pasado 27 de marzo, en Taxco, Guerrero, y posteriormente asesinada por sus secuestradores, quienes fueron linchados por una turba de vecinos enojados por lo sucedido, sin que las autoridades hayan intervenido a tiempo para evitarlo, y que hasta la fecha no se conocen las consecuencias para los autores del linchamiento.

En materia internacional, tenemos el caso de Israel, quien ante los atentados realizados por terroristas el pasado 7 de octubre de 2023, invadió Gaza, y emprendió un ataque contra diversos sitios; un caso más reciente sucedió el pasado 5 de abril con el asalto a la embajada de México en Ecuador por parte de la policía ecuatoriana. En ambos casos los países agresores señalan que ejercieron justicia, sin que ante tales violaciones al derecho internacional los organismos internacionales hayan actuado eficazmente.

Como podemos ver, hay una crisis de la impartición de justicia en todos los niveles y una falta de legitimación de las autoridades para la aplicación de la ley, ante esto muchos optan por la llamada “justicia por propia mano”, lo que provoca otra injusticia, y se genera un círculo vicioso interminable, por lo que tanto a nivel local como internacional se debe de actuar para que no se degrade más el Estado de derecho.